La Universidad Simón Bolívar ha convocado para el mes de mayo a un evento sobre la situación del sistema eléctrico venezolano. Es una iniciativa necesaria, pero la lista de ponentes despierta interrogantes que no podemos ignorar. Llama la atención que, junto a las autoridades oficiales, se presente como panelistas a representantes de Siemens y General Electric. Nadie duda de su prestigio como gigantes tecnológicos, pero hay que ser claros: son proveedores, no operadores. Su función es suministrar equipos bajo procesos competitivos, no trazar la política energética de una nación.
Este intento de relanzar el sector coincide con la narrativa oficial de reactivación. Vimos con asombro una entrevista donde un panegirista del régimen interrogaba a un diputado que ya ocupaba altos cargos cuando se tomaron las decisiones más destructivas hace 20 años. Con desfachatez, el parlamentario culpaba a las sanciones mientras anunciaba que GE y Siemens vendrían a «invertir». Es un argumento falaz: el origen de la tragedia no es el cerco financiero, sino la asfixiante centralización en un ente disfuncional llamado Corpoelec.
Invertir en equipos es indiscutible, pero no es sano que un fabricante decida qué productos se van a suministrar. En criollo: los zorros no pueden cuidar el gallinero. Ya sufrimos la amarga experiencia de adquirir «chatarra inservible» mediante convenios ideológicos con Cuba que hundieron el sistema. Pero el daño no es solo material. Mientras se discuten contratos millonarios, el país vive una hemorragia de talento humano. Los ingenieros y técnicos formados en nuestras universidades están hoy manteniendo los sistemas eléctricos de otros países, mientras aquí se improvisa con personal sin credenciales.
No podemos olvidar que la ingeniería venezolana ya ha hecho su tarea. Hace siete años, los miembros de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (AVIEM) realizaron un aporte monumental: una evaluación exhaustiva de cada elemento del sistema nacional. La respuesta del poder ante este diagnóstico técnico no fue la rectificación, sino la persecución. El exilio del ingeniero Winston Cabas, tras ser amenazado por alertar sobre el inminente colapso, es la prueba de que el régimen prefiere la oscuridad informativa antes que la verdad profesional.
Antes de hablar de nuevas «inversiones», el país exige una explicación sobre los complejos hidroeléctricos abandonados. ¿Qué pasó con Tocoma? Una obra que hoy es un monumento a la corrupción y al concreto ocioso. ¿Cuál es la realidad de Uribante-Caparo?, vital para el occidente y sumido en la inoperancia? Estos proyectos son la evidencia de que el problema no es la falta de tecnología, sino la gestión criminal de los recursos.
La «emergencia eléctrica» se ha vuelto un barril sin fondo de adjudicaciones directas. La solución no es más centralismo, sino un marco institucional que restablezca el sistema desconcentrado que funcionó con éxito antes de 2007. Empresas como EDELCA, Enelven o la Electricidad de Caracas operaban con estándares internacionales y eficiencia comprobada antes de ser devoradas por el monstruo burocrático actual. Poner a debatir sobre soluciones a los mismos actores que ejecutaron la destrucción es como invitar al pirómano a una conferencia sobre prevención de incendios. Venezuela no necesita nuevos proveedores con privilegios, sino recuperar la sensatez y la descentralización que una vez nos dio luz.
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