El ex preso político Daniel Romero alerta sobre el uso de helicópteros militares para atacar poblaciones civiles en zonas mineras, desmiente la narrativa de criminalización oficial y revela que los desalojos buscan limpiar el territorio para entregar el Arco Minero a corporaciones extranjeras.
Por: Edwin Rosal Vásquez / Correo del Caroní
En una denuncia que contrasta la narrativa oficial sobre los operativos de seguridad al sur del estado Bolívar, el dirigente social y ex preso político Daniel Romero alzó la voz para alertar al país y a la comunidad internacional sobre una ola de persecución, hostilidad, violencia y violaciones flagrantes a los derechos humanos, ejecutada por las fuerzas del Estado contra los trabajadores de las minas.
Romero calificó los recientes desalojos como ataques directos a una población vulnerable que solo busca sobrevivir a la asfixia económica, asegurando que existen videos en redes sociales donde se evidencia que están disparando desde helicópteros en zonas donde hay niños.
Para el vocero, esto representa una violación criminal de los derechos humanos contra venezolanos que no son delincuentes ni terroristas, sino ciudadanos trabajando debido a la crisis.
El dirigente desmontó el discurso ambientalista del Ejecutivo, asegurando que detrás de la represión no hay una intención ecológica, sino un trasfondo netamente corporativo y financiero ligado al Arco Minero del Orinoco.
Según Romero, los pequeños mineros fueron engañados durante los debates de la Ley de Minas mediante el ocultamiento deliberado de información, ya que nunca se les explicó que el propósito real era el desplazamiento de la mano de obra local para entregar el territorio total a corporaciones transnacionales. Cuestionó duramente este doble rasero ambiental al preguntar si es que acaso las empresas extranjeras no vienen también a hacer ecocidio o a extraer el oro, criticando que se use la fuerza armada para abrirle paso al capital transnacional a costa del pueblo.
Para entender el auge de la actividad en la región, Romero contextualizó la cruda realidad socioeconómica del venezolano, recordando que con una canasta básica familiar que ronda los 1.400 dólares, la minería se convirtió en el único salvavidas para miles de hogares.
Explicó que, de la misma forma en que se generó una diáspora hacia el exterior, también se produjo una migración masiva interna desde toda Venezuela hacia las minas del sur de Bolívar porque el Gobierno no garantiza estabilidad social, educación, salud ni alimentación digna.
De este modo, muchos padres y madres se vieron obligados a internarse en las minas para darle el sustento a sus hijos, condenando también el uso político de la zona, a la que las autoridades acuden solo cuando necesitan votos en temporada electoral pero que luego abandonan y persiguen.
Hizo un exhorto directo y con nombres propios a las autoridades, señalando de manera específica la gestión del ministro Héctor Silva, a quien acusa de sostener una política sistemática de persecución contra trabajadores y liderazgos locales.
Ante la gravedad de la situación, exigió un freno inmediato al uso de la fuerza para sustituir los fusiles por métodos pacíficos y legales, proponiendo convocar a un censo real de la población minera que tiene años asentada en la zona con sus familias para garantizarles estabilidad, seguridad social y el derecho a la vida.
Asimismo solicitó formalmente la atención de la comunidad internacional, haciendo mención a la Embajada norteamericana y al senador Marco Rubio, para que pongan la lupa sobre el sur del estado Bolívar y constaten la crisis humanitaria y de seguridad que padece la región.
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