La ONG de Venezuela Centros Comunitarios de Aprendizajes (Cecodap) rechazó la «exposición pública» de adolescentes involucrados en situaciones de violencia y presunto acoso escolar por parte del fiscal general, Tarek William Saab, en redes sociales
La ONG señaló, en un comunicado, que el fiscal ha publicado en los últimos días en su cuenta personal de Twitter varios mensajes en los que expone «el nombre, apellido, fotografía o videos de adolescentes involucrados en violencia y presunto acoso escolar».
«Desde Cecodap, expresamos nuestro rechazo por la exposición pública de esta información a través de una red social, y nos mostramos preocupados por las consecuencias que esto trae para el adolescente y toda la comunidad del centro educativo», apostilló.
Saab publicó el martes un mensaje en la red social donde anunció la imputación de un menor de edad, compartiendo su nombre completo, por parte de la Fiscalía Novena del estado Bolívar por el delito de lesiones personales, en un caso de presunto acoso escolar en una escuela de esa región.
La organización recordó que la exposición en redes sociales de cualquier adolescente responsable de un hecho punible promueve su «estigmatización» y que sea víctima de otras expresiones de violencia o que se emitan juicio públicos sin conocer «con exactitud los hechos, sin haber culminado el proceso de investigación correspondiente».
«Reiteramos que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente garantiza el derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar (artículo 65)», sostuvo.
En ese sentido, la ONG indicó que está «expresamente prohibido» exponer o divulgar, a través de cualquier medio, datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente, cualquier menor de edad, que haya sido sujeto activo o pasivo de hechos punibles.
«De hecho, estos comportamientos constituyen una infracción y por tanto son sancionables», argumentó.
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Para Cecodap es «inadmisible» que el fiscal general o cualquier otra autoridad del país caribeño sea quien «vulnere el honor, reputación y propia imagen de un adolescente, a través del uso de una plataforma pública para exponerlo».
«Aunado a esto, recordamos que emitir juicios, calificaciones o adelantar opiniones en redes sociales vulnera garantías fundamentales como la presunción de inocencia, la confidencialidad, la defensa, el debido proceso y el juicio educativo reconocidos en la ley. Solo el Ministerio Público y los tribunales son los principales garantes de la legalidad», añadió.
La ONG sostuvo que si un adolescente incurrió en un hecho punible debe estar sujeto al sistema de justicia con las garantías previstas en la ley y responder en la medida de su culpabilidad.
«No avalamos la impunidad, pero sí exigimos el cumplimiento estricto de la ley y más aún si se trata del Ministerio Público», puntualizó.
EFE
