El recluso Willivardo José Querales Abreu falleció a causa de tuberculosis en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, ubicado en San Juan de los Morros, estado Guárico. La denuncia fue formulada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización no gubernamental (ONG) que alertó sobre el continuo deterioro de la infraestructura penitenciaria nacional y la falta de respuesta médica oportuna dentro de las carcelarias del país.
De acuerdo con el balance presentado por la organización de derechos humanos, este deceso no representa un hecho aislado, sino que se suma a la cifra de más de 70 personas privadas de libertad que han muerto por problemas de salud desde abril de 2026. La ONG detalló que el recinto de San Juan de los Morros alberga actualmente a más de 1.800 detenidos en instalaciones proyectadas para una capacidad máxima de 850 reclusos, lo que representa una tasa de ocupación superior al 211 %
Hacinamiento e incumplimiento de estándares internacionales
El director del OVP, Humberto Prado, responsabilizó al ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, por la falta de medidas estructurales para atajar la propagación de enfermedades infectocontagiosas tras más de dos años al frente de la cartera ejecutiva.
“Me llama poderosamente la atención que el ministro, en lugar de reconocer que existe un grave problema de salud en las cárceles venezolanas, con deficiencias de higiene, alimentación y atención médica, no adopte las medidas necesarias para enfrentar esta crisis, mientras los presos siguen muriendo bajo custodia del régimen”, enfatizó Prado.
La organización recordó que la falta de ventilación, la desnutrición y las deficiencias sanitarias violentan las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), específicamente en sus artículos 24 y 30. Dichos mandatos internacionales imponen al gobierno la obligación ineludible de garantizar servicios sanitarios gratuitos, diagnóstico precoz, continuidad de tratamientos médicos y aislamiento adecuado para patologías transmisibles como la tuberculosis.
Exigencia de investigaciones al Ministerio Público y a la Defensoría
Ante la recurrencia de muertes bajo custodia estatal, el OVP exigió al Ministerio Público la apertura inmediata de una investigación exhaustiva que determine si existieron omisiones o dilaciones negligentes en la atención médica brindada a Querales Abreu. Asimismo, exhortó a la Defensoría del Pueblo a interponer acciones tutelares e insólitas para salvaguardar el derecho constitucional a la vida y la integridad física de la población penal.
La crisis del sistema penitenciario se extiende igualmente a los centros de detención preventiva o calabozos policiales en todo el país, donde la sobrepoblación genera focos epidemiológicos de afecciones respiratorias, dérmicas y gastrointestinales.
La ONG instó al Ministerio para el Servicio Penitenciario a presentar un informe público de gestión que dé cuenta de los insumos farmacológicos distribuidos, las evaluaciones médicas realizadas y los planes concretos para descongestionar los penales del territorio nacional.
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