Puerto Carreño (Colombia), 28 ene (EFE).- A orillas del río Meta, Tania mece en una hamaca a una de las dos hijas con las que huyó de su comunidad indígena de Venezuela hace una semana, cuando la guerrilla les amenazó diciendo que se viene una guerra entre el ELN y las FARC y necesitan efectivos, incluso si tienen cinco años, como su hija mayor.
Salieron huyendo al otro lado del río Meta, a Puerto Carreño, capital del departamento colombiano de Vichada, a donde 936 personas de 277 familias han llegado desplazadas en los últimos días de un conflicto que comenzó a cientos de kilómetros al noroeste, en Arauca.
En ese departamento, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos frentes de las FARC se declararon una guerra que se ha extendido por toda la frontera con Venezuela donde los grupos se esconden a expensas de las comunidades.
En las comunidades ribereñas o incluso en las zonas rurales del estado venezolano de Apure, donde vive mucha población indígena, han llegado personas armadas a amenazar, a desalojar áreas enteras o buscando nuevos efectivos para nutrir sus filas.
«Estaban reclutando a niños, entonces nosotros no queríamos que se llevaran a nuestros niños», explica a Efe Tania, una joven indígena amoruba a la que se le ha cambiado el nombre por motivos de seguridad. Les dijeron que «a quien no dejara a los niños lo mataban», por eso salieron corriendo con lo que tenían.
Ahora, ella y otras 120 personas están acampados a orillas de un río Meta muy bajo por el duro verano y de donde no pueden sacar apenas pescado. La mayoría son niños pequeños, bebés de brazos o pequeños que corretean a tropiezos, y que juegan a la sombra de tres grandes árboles.
Han alzado pequeñas chozas con lonas de plástico donde duermen y sobreviven con lo que pueden: «A algunos los he visto en el centro pidiendo a las verduleras que les den un pedazo de plátano que no vayan a vender o un pedazo de yuca? de eso están viviendo ahorita, de lo que consiguen», asegura a Efe la gobernadora indígena Henny Gutiérrez.
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MIEDO E INDEFENSIÓN
El 55 % de las personas desplazadas a Puerto Carreño son migrantes indígenas, pero también hay un gran número de campesinos venezolanos que han tenido que cruzar la frontera (el 42 %), según cifras de la Defensoría del Pueblo que admite que el fenómeno es posiblemente mucho mayor.
De hecho, campesinos colombianos de Aceitico, un pequeño pueblo pesquero ubicado unos 100 kilómetros al norte de Puerto Carreño, aseguran que hace unos días llegaron muchos venezolanos.
«La gente que se vino de Venezuela para Colombia no es porque quisiera es porque les dijeron: ‘mañana ya no hay más nadie acá'», explica uno de los desplazados en Puerto Carreño.
Las veredas ribereñas están «colapsadas de gente» que ha llegado con lo que tenía; él mismo dice que recogió la pesca del día, escondió sus cosas en el monte y se echó al río en busca de un sitio más seguro.
«Los elenos (ELN) pelean con las FARC», cuenta este hombre, que asegura que «ahí donde nosotros estábamos estaban matando a un pocotón de gente, como unos 12». No saben por qué, pero sabían que no les quedaba otra que correr.
Una mujer, que llegó desde San Carlos del Meta (Venezuela) con sus hijos, dice susurrando: «Llegaron grupos al margen de la ley armados, a muchos querían llevarles los hijos, a otros que por favor se disiparan que ese era territorio de ellos, que ellos iban a mandar salir de ahí».
DECLARACIÓN DE GUERRA
El problema se agudizó cuando el 2 de enero el ELN, que tiene en Arauca y esa zona fronteriza su reino, comenzó una oleada de asesinatos selectivos de supuestos miembros de los frentes 10 y 28 de las disidencias de las FARC que llevan tiempo queriendo conquistar su territorio.
Los disidentes respondieron con varios atentados, asesinatos de líderes sociales y amenazas a la población civil.
Hasta la fecha hay 34 muertos, según cifras oficiales, aunque organizaciones reportan más y en Arauca hay casi 1.500 personas desplazadas. El Estado poco ha hecho desde entonces en un territorio donde apenas ha entrado desde que se firmó la paz con las FARC en 2016.
«Hay enfrentamientos entre los grupos armados irregulares, hay que llamar a las cosas por su nombre, eso es lo que está generando el desplazamiento forzado de las comunidades», dice a Efe el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, que resalta que estas personas tienen «un común denominador: hambre, abandono y miedo».
«El problema de orden público es ellos, entre su gente, entre los grupos armados», asegura otro desplazado, que también pide el anonimato.
El conflicto entre dos guerrillas que supuestamente tienen un enemigo común, el Estado colombiano, se siente en casi toda la frontera y los más afectados, como de costumbre, son los pobladores: «el conflicto lo tienen ellos allá, pero sufrimos nosotros los que trabajamos en el río, los pescadores, porque nos sacan, porque dicen que no quieren ver gente civil por ningún lado que les estorbe».
Irene Escudero
