Santo Domingo, 15 jun (EFE).- Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set de Santo Domingo que colapsó en abril de 2025 y dejó 236 personas fallecidas y 180 más heridas, serán juzgados por homicidio involuntario, tal y como había solicitado el Ministerio Público, y no por homicidio voluntario, petición realizada por los querellantes, según una decisión tomada este lunes por la justicia dominicana.
La medida, que envía el caso a la instancia de juicio de fondo (fase clave en el proceso penal), fue adoptada por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien mantuvo la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público y que rechaza la petición de los demandantes que buscaban agravarla a homicidio voluntario, al alegar que los dueños conocían el deterioro del inmueble.
El juez Mejía también ratificó las medidas de coerción contra los imputados, que incluyen garantía económica, presentación periódica y prohibición de salida del país.
Además, el togado ordenó la inmovilización de bienes de los imputados por un monto de hasta quinientos millones de pesos (unos 8,3 millones de dólares) como medida cautelar.
Tras la sentencia, el Movimiento Justicia Jet Set, que agrupa a sobrevivientes y a familiares de los fallecidos en la tragedia, expresó -en un comunicado- «su respeto institucional por las decisiones judiciales», pero consideró insuficiente el fallo emitido por el tribunal en esta etapa del proceso.
Durante la motivación, el magistrado sostuvo que los imputados no tenían intención de provocar la tragedia, sin embargo, dicho movimiento cuestionó esa conclusión y afirmó que el homicidio voluntario con dolo eventual -la recalificación jurídica que esta agrupación defendía- «no requiere intención directa de matar, sino valorar si, conociendo un riesgo grave, previsible y evitable, se decidió continuar actuando pese a la posibilidad del resultado».
Así mismo, el colectivo reiteró que continuará acompañando a las familias y sobrevivientes «en la búsqueda de una justicia proporcional, seria y conforme a la magnitud del daño causado».
Por su parte, Alcides Acosta, quien perdió a un hermano y a su cuñada en la tragedia, calificó de «parcializada» la decisión judicial de mantener la acusación de homicidio involuntario.
«Seguiremos luchando, vamos a seguir peleando», afirmó Acosta, ante los medios, aunque argumentó que se trata del «juego del huevo y la piedra» porque, según dijo, al juez «no le duelen» las víctimas.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, durante años Jet Set, un símbolo del entretenimiento nocturno en Santo Domingo, «operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados».
La tragedia se produjo la madrugada del 8 de abril del año pasado, mientras centenares de personas disfrutaban de una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien perdió la vida en el siniestro, al igual que uno de los músicos de su orquesta.
En el accidente murieron, entre otros, el exlanzador de las Grandes Ligas estadounidenses de béisbol Otavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y un hijo del expresidente del Senado y ministro dominicano de Obras Públicas, Eduardo Estrella.
También se informó -en su momento- del fallecimiento de dieciocho venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano y un keniano.
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