Miami, 20 abr (EFE).- El editor del diario El Nacional de Venezuela, Miguel Henrique Otero, dijo este martes que lucharán tanto en el país como internacionalmente para revertir la sentencia que los condena a pagar más de 13 millones de dólares al dirigente chavista Diosdado Cabello o al menos para que tenga un «costo político» para el régimen».
Otero fue el protagonista del primer panel de la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se va a desarrollar de manera virtual desde hoy y hasta el próximo viernes.
La directiva de la SIP, empezando por su presidente, el hondureño Jorge Canahuati, se solidarizó con el periodista venezolano ante lo que ha definido como la «expoliación» de El Nacional y dedicó el panel inaugural a la «falta de independencia judicial» en países de América como Venezuela.
Otero relató cómo se desarrolló el proceso judicial que derivó en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que, según dijo, puede convertir a Diosdado Cabello, considerado el «número dos» del chavismo, en el próximo editor de El Nacional.
DIOSDADO CABELLO Y EL NACIONAL
Si no logran revertir una sentencia que, según dijo, está plagada de fallas judiciales, Cabello convertirá el diario fundado hace 78 años en una extensión de su programa televisivo «Con el mazo dando» y en una escuela de periodismo, pero sobre todo Venezuela perderá uno de los pocos medios críticos con el Gobierno que quedan en Venezuela, dijo Otero.
En el plano internacional, el periodista dijo que cuenta con la ventaja de que también tiene nacionalidad española y piensa plantear el caso ante instancias de la Unión Europea, pero también ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pedro Vaca, nuevo relator especial para la libertad de prensa de la CIDH, que participó en el panel, subrayó que la simple interposición de la demanda por difamación contra El Nacional por parte de Cabello «desafía los principios de la libertad de expresión».
«No ahorraremos ningún tipo de esfuerzo» para evitar que El Nacional desaparezca a causa de esta sentencia, dijo Vaca, antes de anunciar que ya están estudiando qué mecanismos aplicar a este caso, como medidas cautelares de protección.
Al respecto, Carlos Pérez-Barriga, del diario El Universo, de Guayaquil (Ecuador), que en 2011 fue objeto de una demanda por difamacion por parte del entonces presidente Rafael Correa, que concluyó en una sentencia a pagar 40 millones de dolares, dijo que la presión internacional sirvóo mucho en su caso.
Finamente Correa emitió un «perdón» presidencial, aunque Pérez-Barriga dudo de que este vaya a ser el caso en Venezuela.
HAN PERDIDO LA VERGÜENZA, DICE EL UNIVERSO
Según dijo, Correa sintió «vergüenza» pues quería dar una imagen de profesor universitario tolerante, pero en Venezuela «hace tiempo que perdieron la vergüenza».
El presidente del Comité de Libertad de Prensa e Información de la SIP, el argentino Carlos Jornet, al hablar del a su juicio «insólito fallo» del Tribunal Supremo de Venezuela señaló que la cifra que debería pagar El Nacional equivale a lo que un funcionario de la Administración venezolana cobraría en salarios durante 225.000 años.
Si se diera el mismo caso en EE.UU., la cifra equivaldría a 1.485 millones de dólares.
Otero explicó que el caso judicial contra El Nacional comenzó en 2015 a raíz de que el diario publicó una información previamente publicada en el Washington Street Journal y en el diario ABC de Madrid sobre una investigacóon abierta por un fiscal del estado de Nueva York contra Cabello por narcotráfico.
La DEA (Agencia Antidrogas de EE.UU.) luego ofreció una recompensa de 19 millones de dolares contra Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, por narcotráfico, dijo Otero.
Hablando sobre la situación de la libertad de prensa en Venezuela, Otero hizo un repaso de lo que se menciona en un informe que se presentará y aprobará en esta reunión de la SIP.
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Subrayó que más de la mitad de los periodistas han abandonado el país y que solo en España hay una asociación con 800 periodistas venezolanos.
Los que se ha quedado, como los que sacan adelante El Nacional en medio del acoso permanente del régimen, son «guerreros», o trabajan en medios censurados o al servicio del Gobierno.
Al hablar del «costo político» que supondría para el Gobierno de Nicolás Maduro que la sentencia del TSJ se aplicara, dijo que nadie le va a creer a un régimen «aislado» que habla de seguridad jurídica para atraer a la inversión extranjera y «expropia» un diario para dárselo a uno de sus miembros.
En Venezuela, el chavismo ha acabado con el sector privado, como demuestra -dijo- que de 15.000 empresas antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, solo queden unas 500.
Ni en la Alemania de después de la II Guerra Mundial hubo una destrucción tan grande de empresas y en Venezuela no ha habido una guerra, señaló.
A su juicio, hay una diferencia entre las «repúblicas bananeras» del pasado latinoamericano y los regímenes autoritarios actuales. Las primeras lo hacían todo «de una manera brutal», pero los segundos usan «los mecanismos de la democracia».
