La economía venezolana enfrenta una nueva etapa de inestabilidad. Durante los primeros cinco meses de 2026, el bolívar acumuló una depreciación del 45% frente al dólar estadounidense. Los datos son cifras reportadas por el Banco Central de Venezuela (BCV). Este desplome cambiario reduce drásticamente el poder adquisitivo de los ciudadanos y acelera la pérdida de valor de los salarios.
Al cierre de la última jornada hábil de mayo, el mercado oficial fijó la tasa de cambio en 549,37 bolívares por dólar. Esta cifra refleja un incremento del 82,2% respecto a los 301,37 bolívares registrados en enero. Solo durante el mes de mayo, la moneda nacional perdió un 10,8% de su valor. Esto presiona directamente el costo de los bienes y servicios en todo el país. Los datos oficiales del BCV sitúan la inflación acumulada entre enero y abril en un 90%. De este modo se evidencia la dificultad de las familias para cubrir la canasta básica.
El drama de los jubilados y la insuficiencia de ingresos
La crisis afecta con mayor severidad a los sectores más vulnerables. El salario mínimo y las pensiones permanecen congelados en 130 bolívares desde 2022, un monto que actualmente equivale a apenas 23 centavos de dólar. Esta realidad obliga a los adultos mayores a sobrevivir en condiciones de precariedad extrema. Carlos Gallego, un jubilado de 65 años, explicó a la agencia EFE que la pensión ni siquiera cubre el costo del transporte público diario, calificando la situación de «insostenible».
Ante la caída del bolívar, el Ejecutivo implementó un esquema de bonificaciones en dólares. El 30 de abril, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un ajuste que eleva los bonos a 240 dólares para trabajadores y 70 dólares para pensionados. Sin embargo, los sindicatos rechazan esta política, pues los bonos carecen de carácter salarial, lo que significa que no incrementan los beneficios laborales, como las vacaciones o las prestaciones sociales.
Movilizaciones y atención oficial
Coincidiendo con el Día del Adulto Mayor, cientos de pensionados protestaron esta semana frente a la sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y el Ministerio de Educación en Caracas. Los manifestantes exigieron ingresos dignos que les permitan adquirir alimentos y medicinas, denunciando que, al salir a las calles, solo reciben «represión» por parte del Gobierno.
Por su parte, Delcy Rodríguez anunció la creación de más de 5.000 brigadas destinadas a identificar y atender a adultos mayores en situaciones críticas. Según la funcionaria, el Estado ya contabilizó a más de 365.000 personas en situación de vulnerabilidad. Pese a este despliegue, el descontento social crece en las calles de la capital, donde los jubilados exigen soluciones estructurales frente a un modelo económico que pulverizó el valor de sus años de trabajo.
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