DLA - Agencia | 21/08/2017 | 11:51 am
Disidentes sobreviven al otro lado del puente
Mariana Duque.-

Sobreviviendo está la mayoría de dirigentes políticos, comunales, estudiantes y de la resistencia que tuvieron que salir de Venezuela hacia la ciudad de Cúcuta en Colombia. Resguardar sus vidas y su libertad fue el principal motivo; aseguran que oponerse al Gobierno de Nicolás Maduro les ha traído como consecuencia salir abruptamente de un país que no querían dejar

El conflicto político entre quienes ostentan el Poder Ejecutivo y quienes se oponen, ha obligado a dirigentes políticos, vecinales y familias enteras a salir de Venezuela, aun cuando no tengan los recursos para vivir en otra nación.

El Táchira no ha escapado de esa realidad; dirigentes políticos, juveniles, estudiantiles, de la llamada resistencia, concejales y alcaldes han buscado en la frontera con el Departamento Norte de Santander – Colombia, una salida a su situación. Temen que por sus posturas frontales al Gobierno sean tildados de traidores a la patria, y por lo tanto aprehendidos.

Algunos han tenido que enfrentar el temor de ver ingresar a los cuerpos de seguridad a sus casas, conocer las amenazas contra sus familias, o sentir de cerca la persecución de los organismos de inteligencia, por lo que igual deciden salir.

A ellos se suman seis magistrados del Tribunal Supremo de Justicia –TSJ- recién juramentados por la Asamblea Nacional, quienes encontraron en el vecino país una oportunidad para no caer en prisión, después de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, les ordenara captura.

El “Semanario Los Andes” pudo conversar con algunas personas en situación de clandestinidad en la ciudad de Cúcuta, al otro lado del “Puente Internación Simón Bolívar”, conocer sus historias y su versión de los hechos.

“NOS DEJARON SOLOS”

“Juan” –seudónimo- es un dirigente juvenil tachirense, tiene dos semanas de haber llegado a la ciudad de Cúcuta, a donde ingresó con un morral con pocas pertenencias buscando resguardar su integridad, pues según dice, los organismos de inteligencia lo rondaban en su casa y trabajo.

Ha sido activo a la hora de llamar a manifestaciones pacíficas de calle en su municipio, lo que lo haría un objetivo político. Lo acompañan en su clandestinidad políticos del estado Mérida, de Portuguesa, de la resistencia de Caracas, concejales y alcaldes. Estima que unos días antes de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente –ANC-, se movilizaron al menos 80 dirigentes al Norte de Santander, sin contar con quienes se fueron a otras ciudades de Colombia, y quienes están en Miami.

“Es una cantidad importante de dirigentes políticos que se encuentran bajo la clandestinidad y bajo el exilio. Del Táchira hay unos 40 entre concejales, dirigentes políticos, estudiantes, vecinos. Tenemos información de familias completas que se han venido a Norte de Santander a pasar situaciones difíciles, que están aguantando hambre y siendo atendidas a través de refugios. Gente que tenía una vida normal en Venezuela y ahora su situación es bastante delicada”, dice.  

No es fácil para “Juan” estar en la clandestinidad, pues nunca pensó irse del país porque quería seguir luchando, por lo que siente un “peso moral” al no poder acompañar a la resistencia.

“Han estado hostigando a mi familia, al patrimonio familiar. De forma burda el Gobierno ataca a gente que no tiene nada que ver: familiares, amigos y personas cercanas. Nosotros estamos preparados para asumir cualquier reto que nos presente el Gobierno porque fuimos formados para eso; pero a quienes no tienen nada que ver les ha costado mucho. Nunca pensé irme de Venezuela, fue muy difícil salir así. Duramos unos días en la clandestinidad en San Cristóbal resguardando nuestra libertad y nuestra vida, porque no sabíamos si el fin era matarnos o apresarnos. Creo que hay bastantes presos y muertos para seguirle sumando a la lista. Es difícil tener un bolso, dejar a tus amigos, lucha, ideales, pensamientos por esta situación incómoda. Nosotros vemos como un compromiso de vida poder ayudar a Venezuela a salir adelante”.  

La dirigencia política opositora venezolana no los ayuda, ni siquiera los partidos políticos más grandes –él pertenece a uno de ellos-, por lo que tienen que buscar cómo vivir. Algunos tenían ahorros y sus familias logran enviarles algún dinero, que aunque al cambiar el bolívar por el peso colombiano se traduce a poco poder adquisitivo, les sirve para no pasar el día sin bocado; pero como no saben cuánto tiempo vivirán de esa manera, están buscando trabajo como vendedores, mesoneros, o cualquier actividad digna que les permita mantenerse.

En Norte de Santander no se siente seguro, pues tiene información que hay funcionarios de la inteligencia venezolana allá. La precaución es su compañera diaria; tiene cuidado de con quién habla y quién camina a su lado, ya que a pesar de tratarse de otro país, su condición fronteriza lo podría hacer víctima de una desaparición forzosa o inclusive de que grupos irregulares lo secuestren y lleven a Venezuela para ser juzgado en tribunales militares.

“Aspiramos poder estar en diciembre con nuestras familias en Venezuela en libertad, en democracia, comiéndonos una hallaca y escuchando una gaita”.

“ME QUERÍAN ASESINAR”

La madrugada del 29 de julio, cuerpos de seguridad ingresaron a la casa del concejal del municipio Cárdenas, Naudy Corona, no tiene claro si para llevárselo detenido o asesinarlo, pues a su mamá y hermana les decían: “Venimos por él para matarlo”.

Desconoce si existe alguna orden de captura en su contra; pero acota que la llegada abrupta de hombres encapuchados de la Guardia Nacional –GN-, el Ejército y el Sebin, le dieron la señal de que no podía seguir en Venezuela, a lo que le suma que meses atrás había recibido amenazas de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela –Psuv-.

Estaba durmiendo cuando los cuerpos de seguridad ingresaron a la fuerza a las viviendas de sus vecinos buscando la dirección exacta. Una granada sonora que rompió los vidrios de su residencia lo hizo despertar; al asomarse y ver a los efectivos intentando abrir su casa, salió por una ventana y se resguardó en donde un vecino.

La peor parte la llevaron sus hermanas y progenitora, a quienes agredieron física y mentalmente, y amenazaron con violarlas. “Destruyeron todo, los electrodomésticos, se robaron todo lo que pudieron conseguir en efectivo, celulares, tablas, computadoras, prendas, útiles personales, se robaron mi ropa, zapatos, relojes. Lo material no es lo importante sino el daño moral que le ocasionaron a mi familia. Amenazaron con violar a mis hermanas, con violar a mi madre si no daban la ubicación exacta donde yo estaba, las agredieron física y moralmente”.

Corona asegura que han sido pocas las personas que han prestado un respaldo sincero moralmente, porque financieramente ha sido nulo. Considera que el Gobierno actual sigue porque mientras los abusos les tocan a unos, otros miran de reojo, sin pensar que al final todos pueden pasar por lo mismo.


Integrar el nuevo  TSJ les cambió la vida

Seis magistrados del nuevo Tribunal Supremo de Justicia –TSJ- se fueron a solicitar refugio o asilo político en la ciudad de Cúcuta: Gonzalo Oliveros, Gonzalo Álvarez, Rafael Ortega, José Luis Rodríguez, Rubén Carrillo y Evelina de Apolo; esta última se trasladó ya a otra ciudad del vecino país.

El “Semanario Los Andes” conversó con el magistrado suplente de la Sala Social, Rafael Antonio Ortega Matos; y con el primer suplente de la Sala Político Administrativa, José Luis Rodríguez, quienes llegaron al vecino país después de que el presidente Nicolás Maduro diera orden de captura en contra de ellos, y que el TSJ en funciones emitiera una sentencia que los culpa de usurpación de funciones.

“Desde el mismo momento en que presentamos nuestras credenciales para concursar para magistrados desde el TSJ, hubo un programa en Venezuela de un alto funcionario del Gobierno en el que dijo que nos iba a hacer una operación tun tun; es decir, que nos iban a buscar. El mismo día que estamos juramentándonos, el TSJ determinó mediante una sentencia que estábamos usurpando funciones, y al día siguiente el Presidente de la República, como si fuese un ser omnipotente, un tribunal, nos puso el delito de traición a la patria y orden de captura inmediata, ese día buscaron al doctor Zerpa que se encuentra ahorita en un baño del Sebin, como si fuese una rata, por haberse juramentado”, relata el magistrado Rafael Ortega.

Ante el aviso de orden de captura, ingresó a sus cuentas bancarias por internet y descubrió que estaban congeladas; al igual que sus bienes inmuebles. Desde el 21 de julio hasta el 1ero de agosto se quedó en casa de amigos, hasta que logró ingresar con su esposa y dos hijos, de 17 y 13 años de edad, al Norte de Santander.

No había pensado irse de Venezuela, no tiene cuentas bancarias en el exterior, ni Visa para los Estados Unidos. Es un apasionado profesor universitario de Derecho, y semanalmente da clase a 300 bachilleres. Estima que en 22 años laborando en la academia ha formado a más de 6 mil venezolanos. 

“Nunca pensé salir del país, si mi país es bello, tiene riqueza, bondades, a donde uno llega es bien tratado. Esto fue una salida forzosa, no estamos huyendo, huyen los que cometen un delito, nosotros no hemos cometido ningún delito, presentamos nuestras credenciales, salimos electos porque tenemos buenos currículos, y nos estamos resguardando porque presos no hacemos nada”.

Las ganas de cambiar el sistema judicial lo llevaron a postularse, pues considera que al sistema judicial en Venezuela hay que modificarlo. Nunca pensó que sería perseguido por el Gobierno por ser magistrado; pero afirma que aun conociéndolo, lo volvería a hacer porque quiere ayudar a su país a salir de la crisis. Aun estando en Colombia teme por la vida de su familia, pues están a escasos metros de la frontera y cualquier cosa puede pasar.

“Llegaron a mi trabajo”

El Sebin llegó a la oficina de trabajo del magistrado José Luis Rodríguez, en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria –Seniat- en la ciudad de Mérida. No lo encontraron; pero su esposa -bajo medida de protección- le informó. Llegó a Cúcuta el pasado 11 de agosto solicitando protección internacional.

Al ser consultado sobre en qué situación queda el nuevo Poder Judicial, explica que a través de una comunicación enviada por el portal web del TSJ solicitaron la incorporación al cargo, desde la fecha de juramentación, 21 de julio de 2017. “Debimos asumir el primer día hábil siguiente, el 25 de julio, teníamos la obligación de tomar la posesión del cargo, lo cual no se ha permitido habida cuenta de la orden de captura… Hemos tenido que buscar los medios de protección individual, cada uno de los magistrados, para estar en buen resguardo y trabajar en conjunto los 31 que hemos sido seleccionados, porque conocimos la renuncia de dos magistrados por las medidas de arresto, bloqueo de cuentas y propiedades”.


“Por pensar diferente terminé en otro país”

Andrés –seudónimo- es un estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de Los Andes –ULA- en la ciudad de Mérida. Con 21 años de edad animó a su comunidad a salir a trancar calles y manifestar, exigiendo un cambio de gobierno en Venezuela; pero la angustia de su mamá y abuela ante la persecución del Conas y el Sebin, lo obligaron a salir de Venezuela.

Llegó hace un mes al Norte de Santander, donde ha sido bien recibido; pero extraña a Venezuela, “luchar en la calle, dar la cara y sacar el pecho” por el país. Nunca pensó estar en la clandestinidad, y salir de su tierra no le pasaba por la mente porque sabía que debía formarse un futuro, ganar su propio dinero, porque en Venezuela se gana para comer, no para ahorrar, comprar una casa, tener una familia.

Llegó a Colombia por las súplicas de su mamá, a quien después de un ataque de nervios le dio un ACV. Llorando, Andrés dice: “No quise seguirla torturando por las cosas que estaba haciendo, porque pasaba mucha zozobra cuando yo salía a la calle a manifestar, le daba miedo que no volviera, como le pasó a varios compañeros míos de salir a la calle y no volver; unos por estar presos y otros porque dejaron la vida en la calle”.

Asegura que el Conas y el Sebin lo perseguían por querer un cambio, porque no es terrorista, ni delincuente, ni ha cometido delito alguno. “Jamás he robado y nunca quiero hacerlo porque me enseñaron muy bien –dice llorando-, y simplemente por pensar diferente me persiguen. Me juzgaban y querían atrapar como si fuera un criminal de guerra”.  

Su salida de Venezuela se escribió una tarde que estaba manifestando en su residencia y llegó el Sebin, no disparando perdigón, ni lanzando bombas lacrimógenas, sino “balas”. Escuchó las balas pasar a su lado y lo describe como la sensación más horrible de su vida, comparándolo con una guerra. En la noche, cuando estaba dentro de su casa volvió la represión; a su mamá le dio un ataque de nervios que le generó un ACV. Días después, le propuso que cruzara la frontera; pero él se negaba, hasta que entendió que debía hacerlo.

“El trayecto es horrible, tú lloras muchísimo porque dejas a tus seres queridos atrás, solamente en pensar en tu abuela, en tu mamá, en la familia, en tus amigos –llora-, en todo lo que dejas, porque una persona no quiere entregar el poder”.

Se siente defraudado por la MUD, de la reacción después del 30 de julio y está en desacuerdo con participar en las elecciones regionales. Está convencido de que Venezuela saldrá de la crisis, pero no por la dirigencia política.

 

 

 

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