DLA - Agencia | 12/03/2017 | 10:02 am
Sundde: ¿Garante o violador de los derechos del consumidor?
Publicado en Los Andes Semanario del Táchira edición 58 por: Francis Perez Gráfica: Referencial.-

Defender, proteger los derechos e intereses individuales, colectivos y difusos, en el acceso a bienes y servicios para la satisfacción de necesidades es parte de las premisas de la Ley de Precios Justos, cuya garante es la Sundde; ¿pero qué pasa cuando es el mismo Gobierno a través de sus políticas quien atenta contra el bienestar de los consumidores, y el órgano rector no actúa? ¿Jugaría entonces el doble rol de garante y violador?

Alrededor del mundo los consumidores tienen derechos, en Venezuela están estipulados en la Ley  Orgánica de Precios Justos y el cumplimiento de estos se vela a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos -Sundde-. Cualquier atentando contra los estatutos es considerado como un delito penado, incluso con la cárcel. ¿Pero qué pasa cuando es el Gobierno nacional a través de sus políticas quien atenta contra los derechos del consumidor, y la Sundde no actúa de acuerdo a lo establecido en la Ley?

El desconocimiento de la Ley posibilita situaciones de cualquier tipo en el país. Gran parte de los consumidores ignoran sus derechos y los mecanismos de denuncias que provee el mismo Estado; como consecuencia, las violaciones a sus derechos son asumidas como algo “normal” debido a su cotidianidad. Por otra parte, es alto el porcentaje de quienes desconfían de la diligencia del órgano rector.

La Sundde atiende tres naturalezas regulatorias distintas en materia económica; como lo son la regulación por medio de los controles de precios y de ganancia, regulación de competencia, por medio de las tipificaciones de conductas como ilícitas, manipulación de la oferta; así como otras que lesionan la competencia en el mercado y afectan indirectamente al consumidor final y la de protección al consumidor.

A modo de muestra representativa, se difundió por la red social Twitter del Diario Los Andes @diariodlosandes, una encuesta que contó con la participación de 47 personas de diferentes partes del país, en la que se preguntó si conocían los derechos del consumidor; 34 personas afirmaron no conocerlos; mientras las 13 restantes dijeron que sí. Aunque el universo es pequeño, da una idea del desconocimiento de la población acerca de sus derechos fundamentales como consumidor de bienes y servicios.

LOS DERECHOS

Dentro de los derechos fundamentales de un consumidor está el de poder elegir y tener acceso libre a los bienes y servicios de calidad; así como a la seguridad alimentaria, ambos conceptos están limitados para los venezolanos, por lo cual habría una fragante violación a la integridad legal de los usuarios. La escasez, falta de productos de primera necesidad, la usura, el sobreprecio, la incapacidad de poder escoger marcas, son solo algunas de las trabas que impiden el fiel cumplimiento de la Ley; pero, ¿de quién es la culpa?

El Estado venezolano posee los mecanismos de Ley para regular y asegurar los derechos de los consumidores; sin embargo, al mismo tiempo podría ser un violador indirecto de estos y de la norma al no poder asegurar la existencia de productos para satisfacer las necesidades de los compradores; además de incorporar elementos como el sistema biométrico (captahuella) para comprar productos de primera necesidad en los supermercados con el planteamiento de disminuir el desabastecimiento, y al no poder darle punto final al contrabando de extracción, lo que acrecienta el problema de abastecimiento.

Para agosto del 2014, el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores -Anauco-, Roberto León Parilli, comentaba que la aplicación del sistema biométrico en supermercados para controlar la venta de alimentos no eliminaría el desabastecimiento; tras casi tres años de ser puesto en funcionamiento, no ha dado grandes frutos, los niveles de escasez continúan; al tiempo que otros rubros van apareciendo en los anaqueles, pero con precios superiores.

Según un informe de la asociación civil sin fines de lucro, no partidista, plural y sin filiación política, dedicada a promover condiciones, procedimientos y factores para prevenir y disminuir la corrupción, Transparencia Venezuela, el derecho a la alimentación parte por que el Estado facilite las condiciones mínimas necesarias para que los ciudadanos accedan física y económicamente a los medios para obtenerla. “Dos de los componentes del derecho a la alimentación no se estarían cumpliendo: la disponibilidad y la accesibilidad”.

LA CONTRAPARTE

Es también el Estado quien pone a disposición de los usuarios un centro de receptoría de denuncias en las sedes de la Sundde y línea telefónica gratuita (0800- RECLAMA 7325262 o  0-800 72268253) para atender las inquietudes que en materia de violación de derechos se estén cometiendo contra los consumidores y usuarios.

El tramitar una denuncia puede hacerse en los casos de acaparamiento, reventa, usura, especulación,  alteración fraudulenta, reventa de productos de primera necesidad, ante la Sundde y supone una acción y pena contra quienes violenten los derechos.

En el caso de acaparamiento, los sujetos que restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes para provocar escasez o distorsión en los precios serán sancionados con prisión de ocho a diez años.

Para quienes hagan reventa de productos de primera necesidad con fines de lucro, serán sancionados con multa de doscientas a diez mil unidades tributarias; mientras que el delito de usura será sancionado con prisión de cuatro a seis años. Además, propietarios de locales comerciales que fijen cánones de arrendamiento superiores a los límites establecidos por la Sundde, serán sancionados y se les reducirá el canon de arrendamiento.

Quienes alteren o desmejoren la calidad de los servicios regulados, o destruyan los bienes necesarios para su producción o distribución, serán sancionados con una pena de cinco a diez años.

Aquellos comerciantes que vendan productos alimenticios vencidos o en mal estado, serán sancionados con multa de doscientas a diez mil unidades tributarias, y todos aquellos que desvíen los bienes declarados de primera necesidad fuera del país, serán sancionados con una pena de diez a catorce años.

Aunque se intentó contactar a las autoridades del estado Táchira de la Superintendencia, para conocer las cifras de denuncias, método para formularlas y respuesta del organismo en la entidad andina, no pudo conseguirse la información debido a los requerimientos burocráticos del organismo; pero a través del sitio web se muestran los canales para efectuarlas.

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