David Uzcátegui
En la ruta hacia la reconstrucción y el desarrollo de Venezuela, un obstáculo monumental se interpone: los servicios públicos. La promesa de resolver este problema estructural ha resonado en el pasado, pero persiste sin mejoría alguna.
Mientras los responsables de que todo esto funcione señala a Estados Unidos, otros países y cualquier cantidad de factores externos por el agravamiento de la crisis de servicios en el país, expertos apuntan a la falta de mantenimiento e inversión como las principales causas de este desafío.
La electricidad, vital para el funcionamiento de la sociedad, sigue siendo un servicio errático para muchos venezolanos. ¿Cómo pueden 8.000 industrias volver a operar sin energía eléctrica confiable?
La realidad es desalentadora: cortes frecuentes, fluctuaciones en el suministro que afectan desde minutos hasta horas, y una inestabilidad generalizada que obstaculiza cualquier intento de progreso.
Las encuestas revelan una preocupante percepción ciudadana: 8 de cada 10 venezolanos consideran que el servicio eléctrico es inestable o intermitente, con fallas recurrentes que afectan a las acciones más sencillas de la vida cotidiana.
El agua potable, un derecho humano fundamental, también es esquiva para muchos compatriotas. El 64,9 % de la población se queja de su calidad, enfrentando interrupciones en el suministro que generan malestar y dificultades en la rutina diaria. La falta de mantenimiento en los sistemas de bombeo agrava esta situación, especialmente en los sectores más vulnerables de nuestra población.
Lea también
El panorama se extiende a otros ámbitos: transporte deficiente, vialidades deterioradas, recolección irregular de desechos, escasez de gas doméstico, y servicios de educación y salud afectados por la precariedad de las infraestructuras. La falta de inversión y mantenimiento es el denominador común que subyace bajo todas estas problemáticas.
Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) y el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) coinciden en que la raíz del problema radica en la falta de inversión y mantenimiento. La coordinación entre el sector público y privado se presenta como una solución viable, con el potencial de elevar la calidad y eficacia de los servicios. Pero para lograr eso, se necesita voluntad política.
La llamada de la organización patronal Fedecámaras para una colaboración entre ambos sectores es pertinente. El sector privado, con su capacidad de inversión y gestión eficiente, puede desempeñar un papel crucial en la recuperación de los servicios públicos. Sin embargo, esta colaboración debe ir acompañada de garantías y estabilidad jurídica para generar confianza en los inversionistas.
Muchas de las redes de servicios en el país están obsoletas, deterioradas o simplemente no funcionan. Se necesita una inversión significativa en la modernización y rehabilitación de estas infraestructuras, lo que implica tanto recursos financieros como expertos técnicos. La colaboración con organizaciones internacionales y empresas especializadas podría ser clave en este aspecto.
El desafío es gigantesco: no solo se trata de restaurar los servicios públicos, sino de hacerlo de manera sostenible y equitativa. El crecimiento de la población exige una infraestructura robusta y adaptable, capaz de acompañar y soportar su evolución.
La reconstrucción de los servicios públicos en Venezuela requiere un enfoque integral que aborde tanto la crisis inmediata como las deficiencias estructurales que la subyacen.
Otro aspecto crucial es la planificación a largo plazo. Los problemas en los servicios públicos no se resolverán de la noche a la mañana, por lo que es necesario establecer políticas y estrategias a largo plazo que garanticen su sostenibilidad en el tiempo.
Esto implica no solo la inversión en infraestructura, sino también la implementación de programas de mantenimiento preventivo, la capacitación de personal técnico y la promoción de prácticas de uso eficiente de los recursos.
Por otro lado, es importante involucrar a la sociedad civil en este proceso de recuperación. Los ciudadanos deben ser parte activa en la vigilancia y control de los servicios, denunciando irregularidades y exigiendo respuestas de las autoridades.
En pocas palabras, la recuperación de los servicios públicos en Venezuela no es una tarea fácil ni rápida, pero es indispensable para cualquier intento serio de desarrollo.
La colaboración entre el sector público y privado, la inversión sostenida y la garantía de estabilidad jurídica son pasos cruciales en este camino hacia la reconstrucción nacional. Es hora de dejar de lado las excusas y tomar acciones concretas para enfrentar este desafío monumental.
