Los reclamos no denunciados anteriormente contra la República Bolivariana de Venezuela continúan apareciendo en los expedientes judiciales. Un tribunal de apelaciones dictaminó que dos inversionistas italianos, distribuidores químicos que operaban en Venezuela podrían presentar una nueva demanda en Estados Unidos.
Los demandantes buscan una indemnización por los bienes que alegan fueron tomados en violación de la ley internacional. El caso, junto con una demanda en curso por parte de la compañía de servicios petroleros Helmerich & Payne, muestra que existen reclamos contra Venezuela que no aparecen en encuestas de arbitraje internacional o deuda financiera.
Venezuela y el fabricante químico estatal Pequiven deben seguir luchando contra la demanda presentada por dos ciudadanos italianos por la supuesta expropiación de su compañía de distribución de productos químicos, dictaminó un tribunal de apelaciones de Estados Unidos.
Carmina Comparelli y Julio Delgado Comparelli demandaron en 2014 por la incautación de su empresa Marivelca y su unidad de transporte por carretera, Trans Benz, por parte del Estado venezolano en 2010. El gobierno se hizo cargo de Marivelca e inculpó a sus propietarios, alegando que tenían una cantidad inapropiadamente grande de ácido clorhídrico en violación de las leyes antidrogas, reseñó el portal reddintelligence.com
Los Comparellis perdieron el caso en 2016 después de que los abogados de Venezuela, de la firma Gomm & Smith en Miami, argumentaron que el tribunal carecía de jurisdicción y que los demandantes no habían presentado un reclamo válido bajo la ley estadounidense. El tribunal de distrito señaló que Estados Unidos no podía fallar sobre un demandante foráneo que demandaba a un estado extranjero por algo que sucedió fuera del país.
El Tribunal de Apelaciones para el Undécimo Circuito señaló el 8 de junio que el caso debería reconsiderarse a la luz de un fallo del Tribunal Supremo que afectaba la forma de tratar los reclamos de inmunidad soberana extranjera. Revirtió la decisión y le dijo a la corte inferior que permitiera a los demandantes presentar una queja enmendada.
“Estamos decepcionados con el resultado” de la apelación, pero “creemos que los hechos mostrarán que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción”, manifestó Quinn Smith, abogado de Venezuela, en una entrevista telefónica.
Los Comparell están demandando por 70 millones de dólares más intereses, expresó el abogado Rodrigo Da Silva en una respuesta por correo electrónico. Los demandantes están trabajando a través del sistema judicial estadounidense porque su inversión no estaba cubierta por un tratado de protección de inversiones entre Italia y Venezuela, ya que ese tratado excluía a los italianos que vivían en Venezuela en el momento de una expropiación, explicó.
Los demandantes argumentaron que deberían poder cobrar en Estados Unidos sobre la base de los tratados internacionales firmados por ese país.
En documentos judiciales, los abogados de Venezuela dijeron que la propiedad nunca fue expropiada, sino que fue confiscada temporalmente por el Estado como parte de los legítimos esfuerzos antidrogas del país.
El caso de Comparelli es una de las dos demandas significativas contra Venezuela que se están considerando en los tribunales estadounidenses. Las demandas se suman a la deuda financiera, el pago de atrasos y los reclamos de arbitraje internacional entre las deudas de la República y sus empresas estatales.
El otro caso importante en los tribunales estadounidense es el de Helmerich & Payne, una compañía de servicios petroleros a la cual se le expropiaron plataformas de perforación en Venezuela en 2010. Actualmente su caso se encuentra en un tribunal de apelaciones, luego de haber acudido al Tribunal Supremo de Estados Unidos el año pasado. En una presentación judicial, la compañía señaló que las facturas impagas de Pdvsa eran de 113 millones de dólares en 2009, y que perdió las plataformas de perforación y otras propiedades en Venezuela.
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El abogado señaló que existe la posibilidad de que si el tribunal decide que Citgo o sus asociados en Delaware son responsables de las deudas de Venezuela, los acreedores se alinearán para unir los activos de Citgo.
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