La política de expropiaciones impulsada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro dejó a Venezuela una deuda multimillonaria que, según estimaciones citadas por Cedice Libertad, superaba los 30.000 millones de dólares hasta 2021 entre indemnizaciones pendientes, arbitrajes internacionales y pagos derivados de nacionalizaciones.
El tema vuelve al centro de la discusión luego de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara un proceso de reestructuración de la deuda pública externa y de Pdvsa, bajo el argumento de que busca aliviar la carga financiera del país y recuperar acceso a financiamiento internacional.
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Aunque el comunicado difundido por la Vicepresidencia Sectorial de Economía atribuye las dificultades financieras principalmente a las sanciones impuestas desde 2017, una parte significativa de los compromisos pendientes se originó en las expropiaciones masivas ejecutadas durante las últimas dos décadas.
Más de 1.000 expropiaciones y miles de millones en litigios
El informe Costo e impacto de las expropiaciones: causas de un Estado patrimonialista, elaborado por Cedice Libertad, documentó al menos 1.167 expropiaciones entre 2005 y 2011 en sectores como alimentos, agroindustria, banca, construcción, petróleo, telecomunicaciones y turismo.
La organización sostuvo que las estatizaciones se convirtieron en una política sistemática del chavismo bajo la consigna “¡Exprópiese!”, utilizada frecuentemente por Hugo Chávez desde 2005.
Cedice también citó datos de Fedecámaras que calculaban unas 1.475 industrias expropiadas o intervenidas durante ese período, mientras que el Ministerio de Agricultura reportó más de 2.340 predios afectados entre 2004 y 2011.
El costo económico de esas medidas creció progresivamente, de acuerdo con el informe, que recordó que para 2015 especialistas estimaban que las demandas internacionales de arbitraje contra Venezuela podían ubicarse entre 13.000 y 20.000 millones de dólares.
A eso se sumaban pagos pendientes por nacionalizaciones internas y compensaciones no canceladas. Cedice citó cifras según las cuales las obligaciones del sector público por expropiaciones y nacionalizaciones superaban los 11.000 millones de dólares para 2014.
Con el avance de nuevos laudos arbitrales y litigios internacionales, distintas estimaciones financieras elevaron posteriormente el monto total adeudado. Para 2021, análisis reseñados por Cedice y expertos económicos situaban el pasivo acumulado en más de 30.000 millones de dólares.
Venezuela, entre los países más demandados ante el Ciadi
Las nacionalizaciones convirtieron a Venezuela en uno de los países con más casos abiertos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo adscrito al Banco Mundial.
De acuerdo con Cedice, el país llegó a registrar 38 demandas internacionales de arbitraje, ubicándose entre las naciones con mayor número de litigios de inversión. La mayoría de los casos provinieron de empresas de petróleo, minería y gas afectadas por nacionalizaciones impulsadas a partir de 2007.
Uno de los expedientes más resaltantes de este proceso fue el de Agroisleña. En 2022, el Ciadi condenó al Estado venezolano a pagar 1.629 millones de dólares al conglomerado español Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos por la expropiación de la compañía y otros activos vinculados.
La empresa había sido tomada por Chávez en 2010 y transformada posteriormente en Agropatria. También destacan las condenas derivadas de las nacionalizaciones de Exxon Mobil, Gold Reserve, Owens Illinois y Tenaris.
Cedice recordó que Gold Reserve obtuvo un fallo favorable por más de 740 millones de dólares, Owens Illinois por 455 millones y Exxon Mobil por 1.600 millones de dólares.
Otro de los casos más costosos ha sido el de ConocoPhillips, cuya reclamación llegó a superar los 30.000 millones de dólares por la expropiación de activos petroleros en la Faja del Orinoco.
Empresas quebradas y caída de la producción
Además del peso financiero de las indemnizaciones, Cedice sostuvo que muchas de las empresas expropiadas terminaron operando por debajo de sus niveles previos o quedaron prácticamente paralizadas.
El informe mencionó asimismo el caso de Sidor, empresa en la que la producción de acero líquido cayó de 4,3 millones de toneladas antes de la reestatización a cerca de 1,5 millones de toneladas años después. También señaló problemas en empresas como Invepal, cementeras, centrales azucareros y unidades agrícolas tomadas por el Estado.
“El Estado venezolano ha distraído cuantiosos recursos en el pago y sostenimiento de empresas y unidades agrícolas expropiadas y confiscadas con pésimos resultados”, indicó Cedice.
En su comunicado, el gobierno interino aseguró que la reestructuración busca “garantizar un alivio sustancial de la deuda” y permitir que los recursos se destinen al crecimiento económico y la inversión social.
Hace una semana, las autoridades venezolanas informaron que acordaron trabajar con el Banco Mundial para definir áreas de cooperación técnica “en beneficio del desarrollo económico y social del pueblo venezolano”.
En abril, el Banco Mundial anunció la reanudación de sus relaciones con Venezuela tras los resultados del proceso de votación del Fondo Monetario Internacional, que decidió poner fin a la pausa en los contratos vigente desde 2019 y al que Delcy Rodríguez solicitó 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro.
De acuerdo con la organización Transparencia Venezuela, la deuda externa del país se estima en más de 170.000 millones de dólares.
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