Por: David Uzcátegui
La tragedia de la migración en Venezuela ha alcanzado un nuevo nivel de tragedia con la reciente deportación de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador, sin el debido proceso y bajo acusaciones infundadas. A medida que se descubren detalles sobre estos compatriotas insólitamente deportados a una cárcel de máxima seguridad en un tercer país, aumenta la indignación internacional.
La noticia de que un avión con más de 200 venezolanos deportados de EE.UU aterrizó en El Salvador, horas después de que un juez estadounidense ordenara al gobierno de Donald Trump no avanzar en esta decisión, ha levantado las alarmas tanto en nuestro país como en el norte, ya que se hizo saltando por encima de los más elementales principios e incluso desafiando la decisión de un juez.
El juez James Boasberg ordenó paralizar las deportaciones ordenadas por Trump, quien invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Esta ley faculta al gobierno detener y expulsar, en tiempos de guerra, a personas que amenacen la seguridad del país, sin tener que garantizarles a los afectados el debido proceso.
La última vez que el texto fue aplicado fue para detener a ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este mismo precedente hace que el absurdo desplome esta decisión. Ni Venezuela ha atacado a Estados Unidos, como lo hiciera Japón con Pearl Harbor hace más de 83 años, ni Estados Unidos le ha declarado la guerra a Venezuela.
Y aun así, la ley en cuestión es una mancha vergonzosa en la historia del país norteño, por los atropellos que se cometieron contra ciudadanos americano-japoneses durante su aplicación en los años 40 del siglo pasado.
La administración Trump ha justificado los abusos cometidos contra nuestros compatriotas amparándose en la suposición de que todos pertenecen al Tren de Aragua, sin tener prueba alguna de esta afirmación.
En realidad, para validar su desquiciado proceder, han magnificado las dimensiones y el poder de una banda criminal que efectivamente existe y es muy peligrosa, pero que dista mucho de tener el alcance que los funcionarios estadounidenses le han dado para validar la persecución desatada contra venezolanos en el país norteño, amparada bajo una campaña de medios basada en la exageración, la difamación y la mentira.
Por ejemplo, el caso recientemente conocido de cuatro jóvenes del barrio Los Pescadores en Maracaibo, ilustra el drama que enfrentan nuestros migrantes, cuando se estrellan contra inesperados prejuicios que tachan de delincuentes a todo nuestro gentilicio.
Las imágenes de estos jóvenes esposados, rapados y custodiados por agentes armados en la mega cárcel salvadoreña han estremecido a sus familias y a la comunidad internacional. Sus madres, esposas y amigos han reconocido a sus seres queridos en videos oficiales difundidos por el gobierno de Nayib Bukele, en los que se les muestra como criminales sin juicio ni pruebas concretas.
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Mercedes Yamarte, quien identificó a su hijo Mervin por sus tatuajes y la expresión de angustia en su rostro, ha sido entrevistada por diversos periodistas. «Me tiraba al suelo, decía que Dios no podía hacerle esto a mi hijo», relató. Mervin, de 29 años, trabajaba en una fábrica de tortillas en Texas y dedicaba sus fines de semana al fútbol.
Paralelamente, una familia de Orlando desmintió que otro venezolano enviado a El Salvador sea integrante del Tren de Aragua. Los familiares lograron ubicar a su ser querido a través de las imágenes difundidas por el gobierno salvadoreño.
Los propios familiares han señalado que los detenidos firmaron documentos en inglés sin entender su contenido, creyendo que serían enviados a Venezuela y no a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Se les negó su derecho a una defensa justa y a presentar su caso ante las autoridades migratorias estadounidenses.
Este episodio evidencia la deshumanización con la que se está tratando a los migrantes venezolanos en suelo estadounidense. La falta de un debido proceso, la criminalización sin pruebas y la deportación a un país donde no tienen ningún vínculo ni historial criminal representan una violación flagrante a los derechos humanos. Es una alerta sobre los peligros de políticas migratorias basadas en el abuso, el miedo y la discriminación.
Un principio legal irrenunciable es que la sanción debe ser proporcional a la falta. Cada caso debe ser juzgado individualmente, ya que no es lo mismo haber entrado de manera irregular que haber cometido un crimen. La comunidad internacional debe exigir transparencia en estos procesos y garantizar que los migrantes reciban el trato digno y el respeto a sus derechos que merecen. El mundo debe alzar la voz ante tan grave atropello.
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