Cuando Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina cruzaron las puertas del Centro Penitenciario Fénix, en Lara, la escena pareció cerrar una de las historias más largas y controvertidas de la justicia venezolana. Habían pasado 23 años desde su detención. Más de dos décadas de tribunales, diferimientos y condenas atravesadas por el peso de la política. Pero la imagen de su salida no representó una libertad completa. Apenas abandonaron la cárcel, el sistema judicial volvió a recordarles que, incluso fuera de prisión, siguen sujetos a decisiones que trascienden lo estrictamente jurídico.
Los exfuncionarios fueron citados el jueves 21 de mayo al tribunal de ejecución que lleva su causa en el estado Aragua. Allí debían conocer, por fin, las condiciones de una libertad que llegó después de 23 años de prisión. Pero la audiencia fue suspendida de manera inesperada y diferida para este lunes 25 de mayo. El episodio, lejos de ser excepcional, volvió a insertar el caso en la misma lógica que lo ha acompañado desde abril de 2002: retrasos, decisiones postergadas e irregularidades que durante más de dos décadas han marcado el expediente de los policías metropolitanos.
Los exfuncionarios fueron citados el jueves 21 de mayo al tribunal de ejecución que lleva su causa en el estado Aragua. Allí debían conocer, por fin, las condiciones de una libertad que llegó después de 23 años de prisión. Pero la audiencia fue suspendida de manera inesperada y diferida para este lunes 25 de mayo. El episodio, lejos de ser excepcional, volvió a insertar el caso en la misma lógica que lo ha acompañado desde abril de 2002: retrasos, decisiones postergadas e irregularidades que durante más de dos décadas han marcado el expediente de los policías metropolitanos.
Los exfuncionarios fueron citados el jueves 21 de mayo al tribunal de ejecución que lleva su causa en el estado Aragua. Allí debían conocer, por fin, las condiciones de una libertad que llegó después de 23 años de prisión. Pero la audiencia fue suspendida de manera inesperada y diferida para este lunes 25 de mayo. El episodio, lejos de ser excepcional, volvió a insertar el caso en la misma lógica que lo ha acompañado desde abril de 2002: retrasos, decisiones postergadas e irregularidades que durante más de dos décadas han marcado el expediente de los policías metropolitanos.
Los exfuncionarios fueron citados el jueves 21 de mayo al tribunal de ejecución que lleva su causa en el estado Aragua. Allí debían conocer, por fin, las condiciones de una libertad que llegó después de 23 años de prisión. Pero la audiencia fue suspendida de manera inesperada y diferida para este lunes 25 de mayo. El episodio, lejos de ser excepcional, volvió a insertar el caso en la misma lógica que lo ha acompañado desde abril de 2002: retrasos, decisiones postergadas e irregularidades que durante más de dos décadas han marcado el expediente de los policías metropolitanos.
A las afueras del penal, las palabras de Erasmo Bolívar resumieron el sentir de unos hombres a los que se les fueron arrebatados 23 años de sus vidas: “Le doy gracias a Dios, a todas esas personas que nunca nos han olvidado. No ha sido fácil, ha sido un viacrucis. Sé que no va a ser fácil reincorporarnos tras más de dos décadas”.
Una libertad a medias: la deuda intacta del Estado
Para Bony Pertíñez, abogada y activista de derechos humanos que ha seguido de cerca las denuncias sobre presos políticos en Venezuela —y particularmente el caso de los policías metropolitanos—, estas excarcelaciones están lejos de representar un verdadero acto de justicia.
«Hasta donde se ha informado públicamente, se trataría de una medida humanitaria o excarcelación bajo régimen condicional, no de una decisión que reconozca formalmente la inocencia de los funcionarios, ni la nulidad de las graves irregularidades cometidas durante el proceso«, aclara Pertíñez.
Además, asegura que después de 23 años de prisión, “la deuda del Estado venezolano con los funcionarios policiales injustamente condenados por los hechos del 11 de Abril, sigue intacta».
Pertiñez comenta que a lo largo de más de dos décadas, las defensas de los policías metropolitanos solicitaron incansablemente beneficios procesales, fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, medidas humanitarias y revisiones por el grave deterioro de salud de varios de ellos. La respuesta de los tribunales fue, según sus palabras, una «negativa sistemática».
Para Pertiñez existió una resistencia estructural para reconocerles derechos básicos, incluyendo el cómputo de la pena por trabajo y estudio, un beneficio constitucional que se aplica con regularidad a los reclusos comunes, pero que a ellos les fue negado sistemáticamente «por motivos de discriminación política».
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La justicia como instrumento de control político
Al analizar la actuación de la cadena de funcionarios judiciales que intervinieron en el caso, desde el juez de Control Francisco Mota, la jueza de Juicio Marjorie Calderón, hasta los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como Eladio Aponte Aponte y Maikel Moreno, Pertíñez es muy clara: el caso nunca fue estrictamente jurídico.
La también abogada enfatiza que las decisiones más determinantes, desde las condenas originales hasta las negativas de beneficios y los diferimientos, obedecieron a factores políticos. «En Venezuela, lamentablemente, los presos políticos no dependen de un tribunal, sino de una decisión de poder», subraya.
El costo humano: dos décadas de «prisión emocional»
El enfoque de este caso va más allá de las fechas de entrada o salida de una celda. Radica en el impacto transgeneracional que destruyó los proyectos de vida de familias enteras. Los hijos de Rovaín, Bolívar y Molina eran apenas unos niños cuando sus padres fueron detenidos. En la actualidad enfrentan la madurez habiendo normalizado una infancia de requisas en el penal, salas de visita y una distancia impuesta.
«Eso es imposible de reparar completamente. Estamos hablando de hombres que perdieron su juventud, su vida familiar, su estabilidad emocional y profesional», reflexiona Pertíñez. «Muchos vieron morir a sus padres sin poder despedirse y vieron crecer a sus hijos desde una cárcel».
El castigo, explica la defensora de derechos humanos, se extendió hasta el entorno familiar. Las esposas debieron transformarse en padres y madres al mismo tiempo, asumiendo la carga económica y emocional de sostener hogares marcados por la zozobra. «Hay nietos que prácticamente conocieron a sus abuelos presos. Madres que murieron esperando justicia. Daños que ninguna excarcelación tardía puede revertir».
Un espejo y una advertencia para la Venezuela actual
A pesar de que el panorama de los derechos humanos ha evolucionado desde los primeros años del caso de la Policía Metropolitana, contando con mayor documentación internacional, visibilidad y apoyo de organizaciones no gubernamentales, Pertiñez advierte que la represión también se ha «sofisticado».
La liberación tardía de los policías metropolitanos deja un precedente que funciona como advertencia para la sociedad venezolana y para los presos políticos que todavía esperan una boleta de excarcelación en las cárceles del país. Para Pertíñez, el caso demuestra hasta qué punto el sistema puede mantener a una persona privada de libertad durante décadas, incluso en medio de dudas razonables y violaciones evidentes al debido proceso.
“Pero también deja una lección de resistencia humana y de memoria. Este caso demuestra que las víctimas necesitan acompañamiento permanente, porque el Estado apuesta muchas veces al olvido y al agotamiento de las familias”, expresa.
Aunque la liberación de Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina despertó alivio, esperanza y una profunda emoción en amplios sectores de la sociedad venezolana, Pertíñez sostiene que todavía no puede hablarse de justicia plena ni de una libertad definitiva.
“La justicia habría sido un juicio imparcial, sin manipulación política y sin condenas utilizadas como mecanismo de venganza», concluye Pertíñez.
Mientras el tribunal continúa reprogramando las condiciones de su excarcelación, el caso de los policías metropolitanos sigue siendo una herida abierta en la memoria venezolana y un recordatorio incómodo de cómo la justicia puede convertirse en un instrumento de poder. Después de 23 años de prisión, su historia permanece como una advertencia colectiva: cuando los tribunales dejan de responder al derecho y comienzan a responder a la política, ninguna familia queda realmente a salvo.
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