El fiscal general de la República, Tarek William Saab, indicó que hallaron la participación de «cerca de 900 empresas en casos de sobreprecio» con el presunto fraude de Cadivi y Cencoex, y que dichos casos eran «amparados por la antigua directiva del Ministerio Público».
Aseguró que en esta irregularidad con Cencoex y Cadivi «pudiera estar definido el déficit fiscal que presenta la nación».
Al dar detalles de la investigación que aborda el Ministerio Público, indicó que ya fueron detectadas algunas de las empresas, una de ellas es Bates Gil, de la cual ya han sido detenidos varios involucrados por «el daño patrimonial del país».
«La empresa Bates Gil sobrefacturó precios de materiales químicos y ferrosos por 14.300 % y 130.000 %, respectivamente», detalló.
Dijo que los detenidos son Juan y Andrés Lozano Espinoza «por su vinculación con el uso irregular de divisas». Se les acusa de la «obtención ilícita de divisas, asociación y legitimación de capitales».
De esta forma, alertó que continuarán las investigaciones para detectar quién «les entregó esas divisas a dichas empresas», las cuales en su mayoría eran «empresas fantasmas».
«Gente como ésta debe responder al país, pues ese dinero debe ser repatriado. Hay que investigar no sólo a los empresarios sino a los funcionarios que no notaron estos sobreprecios», dijo.
Explicó que al menos cinco propietarios de estas «empresas de maletín» son prófugos de la justicia, por lo cual se ha activado la alerta roja de Interpol. Uno de ellos quedó identificado como Walter Jaramillo, uno de los responsables de los casos de sobrefacturación.
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Por último, dijo que esta investigación involucrará a todas las sedes del Ministerio Público en el país, y además aseguró que estos trabajos de investigación durarán todo el tiempo necesario.
«Investigación por sobrefacturación de empresas importadoras se llevará cabo a lo largo de mi gestión», afirmó.
