El juez Alvin Hellerstein, que preside el caso penal en Estados Unidos contra el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió este miércoles una orden que regula la gestión del material confidencial que las autoridades entregan a la defensa.
La orden del juez, firmada el martes, es la misma que propuso en un borrador previamente la Fiscalía de Estados Unidos, que consideró necesario un régimen de protección de pruebas debido a los «riesgos» para la seguridad de los testigos y la integridad de la investigación.
La defensa de Maduro y su esposa, Cilia Flores, solicitó que la Fiscalía les entregara las pruebas a las que tienen derecho antes del juicio, un proceso conocido como ‘discovery‘ (descubrimiento), por lo que esta orden efectivamente clasifica y regula toda esa evidencia.
En la práctica, una de las consecuencias clave es que se prohíbe a la defensa compartir las pruebas con otros acusados que aún no han sido detenidos, como el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, como solicitó hace una semana la Fiscalía.
Otros acusados no detenidos en el caso son Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior de Venezuela; Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, presunto líder de la organización criminal el Tren de Aragua.
El material «no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento, ni con los abogados de dichos demandados», indica el texto.
La orden también establece que los abogados de Maduro y Flores solo pueden hacer uso del material compartido por la Fiscalía «para propósitos de defensa», y no pueden publicarlas en internet ni las redes sociales, ni hacer ninguna divulgación a los medios de comunicación.
La Fiscalía puede designar parte del material bajo clasificaciones más estrictas que implican presentar pruebas solo bajo sello en escritos al tribunal, y en algunos casos las pruebas solo podrán verlas el abogado y su personal, pero no los acusados.
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Además, la regulación del material confidencial recogida en la orden no queda sin efecto al concluir el caso penal, y el juez mantiene la jurisdicción para asegurar su cumplimiento posteriormente, indica el texto.
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