Las minas antipersonal, el reclutamiento forzado de menores y los ataques con drones han provocado el desplazamiento de al menos 200 familias de comunidades indígenas en el municipio Cedeño, estado Bolívar, según cálculos aproximados de fuentes locales consultadas por Amazon Underworld.
Al sur del río Orinoco, el ELN y la Segunda Marquetalia se enfrentan por minas ilegales de oro, estaño y coltán. Ambos grupos colombianos tienen presencia en la zona desde hace unos 15 años de acuerdo con la investigación.
En La Lajita, hombres armados intentaron reclutar a un niño indígena de 12 años frente a su comunidad jivi. El padre se ofreció a acompañarlos para evitar que se llevaran al menor. Desde entonces permanece desaparecido.
“Preguntaron cuántos jóvenes había, para ellos volver, para volverse a llevar a los demás”, relató un anciano jivi. La comunidad abandonó el lugar después de la llegada del ELN.
Los explosivos también impiden cultivar. “Nosotros teníamos los conucos un poco retirados, a tres horas de camino. Y como ellos decidieron colocar explosivos, no pudimos sembrarlos”, explicó una mujer jivi, desplazada de La Lajita, a Amazon Underworld.
Cuatro civiles han sido víctimas de minas antipersonal en Cedeño durante 2026. El temor mantiene a los habitantes lejos de sus áreas de pesca, caza y siembra. Algunas comunidades están confinadas.
Los grupos armados imponen toques de queda, castigan su incumplimiento y revisan teléfonos en controles rurales. También utilizan drones con explosivos para atacarse en zonas habitadas. Los combates, que pueden prolongarse durante días, han interrumpido las clases.
El ELN opera en 12 municipios de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. La Segunda Marquetalia está presente en 9 jurisdicciones y surgió de excomandantes de las FARC que abandonaron el acuerdo de paz de 2016.
Según Amazon Underworld, la demanda de minerales para defensa y tecnologías modernas, junto con los cambios en las rutas del narcotráfico y las políticas antidrogas, intensifica la disputa.
Al conflicto se sumó un ataque conjunto de Estados Unidos y Venezuela contra un campamento guerrillero en Apure. Después de la detención de Nicolás Maduro en enero, el gobierno interino comprometió el sector minero a inversionistas extranjeros.
En Cedeño, sin embargo, la presencia estatal es prácticamente inexistente. Las Bateas, donde vivían unos 200 e’ñepá, uno de los pueblos originarios de la zona, quedó abandonada a finales de octubre. Toda la comunidad jivi de Ekunay también se trasladó.
Asimismo, huyeron comunidades wötjüja del río Parguaza y Simonero. La violencia alcanza a El Jobal, Punta Brava, El Palomo y Angostura, además de La Lajita.
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