Ángel Lombardi Boscán
@lombardiboscan
Sigue el país agitado, de protesta en protesta, luego de que el Régimen decidió a lo bravo y de manera inconsulta abolir todas las contrataciones colectivas y derogar más de cuarenta años de conquistas laborales en el mes de agosto pasado luego de imponer una reconversión monetaria que la unanimidad de los economistas consideran, luego de dos meses de su aplicación, un fracaso oceánico. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en lo que va del año hemos tenido 9.355 protestas, de esas 2.239 son debido a los malos servicios públicos y han ocurrido 14 muertes por culpa de la represión. Sólo en el mes de septiembre, luego del nefasto Paquetazo de Maduro, se produjeron 983 manifestaciones de calle, a razón de 33 por día. El Régimen bajo la hegemonía comunicacional las ignora por completo y quiere dar la impresión de una falsa normalidad. El último trimestre del año que ya está corriendo será aún peor.
Mí escepticismo respecto al actual cerebro económico del Régimen es absoluto, y sobre sus buenas intenciones: nulas. No sólo hay una explícita incapacidad sino que reina la opacidad en todos los procesos administrativos de la Nación. El Régimen gasta los dineros públicos como si estos le hubiesen sido otorgados por una herencia milenaria de legítima procedencia cuando en realidad el asalto al poder y su mantenimiento a sangre y fuego es su último designio.
Mucho se ha dicho sobre la persistencia de una Oclocracia en la Venezuela colonizada por los bolivarianos más allá de toda una terminología revolucionaria de dudosa sinceridad y que se nutre de los paradigmas de la post verdad tan en boga en los sistemas políticos autoritarios característicos de estos primeros años del siglo XXI. Todo lo que el Régimen venezolano “promete” a través de sus principales voceros es mentira. Las nuevas medidas económicas tenían como propósito abatir la hiperinflación, -la más grande del mundo-, sincerar el gasto público desordenado mediante una disciplina fiscal férrea, liberar los controles del mercado financiero alrededor del dólar y permitir que los asalariados del país tuvieran un mayor poder adquisitivo con los nuevos anuncios de la reconversión monetaria. La gente se emocionó cuando pensó que el salario mínimo de 1800 bolívares soberanos equivalía a 180 millones de bolívares fuertes. Todo esto resultó una gran estafa. Otra más, de un Régimen cuya seña de gestión es la más grande improvisación, negligencia e irresponsabilidad.
El principio de realidad como consecuencia de una política perversa de nivelación social hacia un estadio de subsistencia precario nos explotó en la cara a todos los venezolanos, muy especialmente, al numeroso sector de profesionales y empleados públicos que no sólo empezamos a ganar el salario mínimo sino que nuestro pago fue fraccionado arbitrariamente por semanas. Las llamadas Tablas Salariales que se habían elaborado en las distintas contrataciones colectivas firmadas por los trabajadores organizados y el patrono representado por el Régimen quedaron anuladas sin mayor explicación. La poca meritocracia que aún teníamos en el país fue abolida y hoy tenemos un Derecho Laboral tragicómico. Además, el trabajo como valor social, desapareció haciendo que el reposerismo reine con la anuencia de la nomenclatura instalada en Miraflores. Además, el Régimen engendró una nueva modalidad desde la informalidad y el contrabando: el bachaqueo, actividad innoble aunque muy bien lucrada.
Los profesores universitarios del país, sector donde me ubico, hemos sido despedidos sin que medie una carta de despido formal. En realidad es un pre-aviso que ya miles de mis colegas han sabido interpretar buscando nuevos aires laborales en los países vecinos que saben apreciar el talento de nuestros profesionales en las distintas áreas del conocimiento. Esta estampida es promovida sin disimulos por el Régimen que procura deshacerse de un sector educado y profesional que le es contrario por su misma condición de seres pensantes y con auto-valía propia. En cambio, los que nos quedamos y no nos queremos ir, tenemos que sobrellevar una humillación cotidiana como la de cobrar 950 bolívares soberanos a la semana que apenas alcanza para comprar un kilo de carne. Todos sabemos que con ese ingreso paupérrimo no se puede vivir ni atender ninguna contingencia, ni las usuales y mucho menos las imprevistas.
Las protestas de los trabajadores es real y furibunda: todos los días. Hasta se han sumado las nóminas de Pdvsa, Corpoelec, BCV, Sidor, CNE, Metro de Caracas, TSJ, y otras empresas e instituciones cuyos trabajadores se creían inmunes al maltrato laboral por ser todas “rojas rojitas”. El racionamiento salarial es una política cuyo propósito último es rendir sin condiciones a toda una población laboral convirtiéndola en menesterosos del Régimen desde “la sobrevivencia de lo irregular” (Miguel Ángel Campos).
Si bien se sigue protestando en las calles y distintos ámbitos por restituir las Tablas Salariales y por un salario justo y digno el problema no se resuelve desde lo coyuntural sino abatiendo la hiperinflación. El problema no tiene nada que ver con el aumento del salario y sí con el poder adquisitivo real de nuestra moneda. Y para que esto funcione nuestra economía debería ser saneada radicalmente. Y todos sabemos que mientras estén los bolivarianos nada de esto será posible. Cada día que transcurre en la Venezuela decadente de los chavistas la melancolía se extiende junto a la fatiga histórica.
