Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
Un día Trump anuncia que suspende las licencias petroleras, otro día informa que está reconsiderando su decisión de suspender la licencia a Chevron, y luego amenaza con imponer aranceles a las exportaciones de todos aquellos países que compren petróleo venezolano.
Congresistas del estado de Florida como Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, quienes lideran la línea dura contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, criticaron las declaraciones de Richard Grenell, quien afirmó que la política de Trump para Venezuela no era un cambio de régimen, sino la construcción de una nueva relación. Estas declaraciones fueron consideradas políticamente incorrectas por estos congresistas, cuya influencia en el Congreso es crucial para Trump. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes se reduce a cuatro votos, y la delegación de Florida es muy sensible a cualquier concesión que se haga a favor del gobierno venezolano. Ante la presión de estos congresistas, Trump anunció en sus redes sociales la revisión de las licencias petroleras, y el presupuesto se aprobó por un estrecho margen.
Luego Trump se reunió con el CEO de Chevron, Mike Wirth, y otros ejecutivos de la industria petrolera, quienes le alertaron que la salida de las empresas occidentales de Venezuela permitiría a las empresas chinas y rusas aumentar su presencia en el país. Si se suspenden las licencias, Venezuela ofrecerá mejores condiciones de participación a las empresas de Rusia, China, Irán e India. Estados Unidos necesita asegurar nuevas reservas y Venezuela representa una fuente segura. Sin embargo, si los rivales de Estados Unidos ocupan los espacios vacíos, luego le será muy difícil recuperarlos. Reimponer las sanciones generaría efectos geopolíticos contrarios a las prioridades de Trump de alejar a sus rivales asiáticos del hemisferio. Por eso Trump expresó su disposición a reconsiderar el ultimátum que daba a Chevron para cesar sus operaciones en Venezuela. Ahora se habla de imponer aranceles y sanciones comerciales a los países que compren petróleo a Pdvsa, con el objetivo de garantizar que la producción controlada por Chevron se destine a EEUU y no a los mercados asiáticos.
Estas marchas y contramarchas reflejan la tensión entre el pragmatismo empresarial de Trump y las presiones ideológicas de los congresistas de Florida en la política exterior de Estados Unidos.
EEUU pierde más que Venezuela con la suspensión de las licencias
Trump amenazó con «dejar de comprar petróleo a Venezuela, no necesitamos su petróleo, tenemos 50 veces más que ellos». Sin embargo, esta afirmación ignora las realidades del mercado petrolero. Más allá de las consideraciones políticas internas, existen poderosas razones técnicas, económicas y geopolíticas que dificultan la implementación de una política de máxima presión hacia Venezuela.
Si bien Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales productores de petróleo gracias a la tecnología del fracking, este petróleo liviano no es el más adecuado para las refinerías estadounidenses, que fueron diseñadas para procesar los crudos pesados venezolanos. Además, mantener las operaciones de fracking requiere precios superiores a 60 dólares por barril para cubrir los altos costos y ser rentables. Si los precios caen por debajo de este nivel, a Estados Unidos le resultará más barato importar petróleo que consumir el propio.
Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos se han consumido para evitar una presión de demanda que incremente los precios. Corporaciones como Chevron enfrentan el desafío de garantizar su viabilidad a mediano y largo plazo, ya que sufren una caída en sus reservas, agravada por una baja tasa de reemplazo. Trump se comprometió a recuperar el nivel de la Reserva Estratégica a 700 millones de barriles, lo que requeriría inyectar 320 millones de barriles. Pero comprar semejante cantidad presionaría al alza los precios del petróleo, lo que contradice su promesa electoral de reducir los costos de los combustibles y la energía.
La producción de petróleo en Estados Unidos gira en torno a los 13 millones de barriles diarios. A ese ritmo, sus reservas durarían 6,4 años. Si Estados Unidos consume diariamente casi el 20% de la demanda global y Venezuela tiene casi el 20% de la reserva mundial, a Estados Unidos le conviene recuperar el suministro del petróleo venezolano. De hecho, según el Departamento de Energía, las reservas estadounidenses aumentaron cuando Chevron recibió una licencia para reactivar sus operaciones en Venezuela.
Mantener sanciones perjudica poderosos intereses económicos de EEUU
Las sanciones petroleras impiden a las empresas estadounidenses extraer y comercializar el petróleo venezolano, así como la compra de insumos y diluentes para mejorar y refinar los crudos nacionales. Para evadir las sanciones, el gobierno venezolano recurre a transacciones secretas con aliados, a quienes concede grandes descuentos y acepta elevados sobreprecios en los fletes.
Las sanciones financieras bloquean e inmovilizan depósitos de la República; los tenedores privados de bonos de Pdvsa y la República no los pueden negociar ni transferir; y los bancos estadounidenses han cerrado unilateralmente las cuentas de empresas, organizaciones y personas venezolanas, lo que dificulta las transferencias bancarias, la gestión de créditos y otras operaciones financieras.
Las sanciones comerciales prohíben a cualquier empresa estadounidense -o extranjera con operaciones en territorio de EEUU- realizar operaciones de compra-venta de bienes y servicios con empresas del gobierno venezolano. Pdvsa, Hidroven, Corpoelec, Pdvsa Gas, Cantv y demás empresas públicas han perdido a sus tradicionales proveedores estadounidenses, lo que ha afectado sus negocios en Venezuela. Se han roto las redes de suministro y cadenas de valor internacional en las que Venezuela estaba incorporada con Estados Unidos.
La justicia estadounidense considera un delito grave colaborar con el gobierno venezolano para evadir las sanciones. Los infractores corren el riesgo de ser acusados de conspiración y enfrentar sanciones, multas e incluso penas de cárcel. Esto perjudica el ambiente de negocios e inversión que las corporaciones estadounidenses desean recuperar y preservar en Venezuela. La incertidumbre sobre la interpretación de las sanciones disuade a los proveedores internacionales estadounidenses y europeos de mantener relaciones económicas y comerciales con Venezuela. La sobreaplicación de las sanciones ha causado graves daños a poderosos intereses económicos y financieros de Estados Unidos, que ahora presionan para que las sanciones sean revisadas y revertidas.
Pragmatismo empresarial de Trump vs presiones ideológicas
Las marchas y contramarchas en materia de licencias petroleras reflejan la tensión entre el pragmatismo empresarial de Trump y las presiones ideológicas en su política exterior. La suspensión de las licencias podría tener efectos geopolíticos negativos para Estados Unidos. El gobierno venezolano tomará el control de las empresas mixtas bajo control de Chevron, y su operación podría pasar a nuevos socios.
¿Cómo puede Trump imponer su pragmatismo empresarial sin entrar en conflicto con las presiones ideológicas de los congresistas de Florida que lo apoyan en la Cámara de Representantes? ¿Podrá mantener una negociación directa con Maduro para alinear la flexibilización de las sanciones con los intereses de seguridad energética, migratorios y geopolíticos de Estados Unidos? ¿Cuánto más se prolongarán las sanciones financieras, comerciales y petroleras?
Las marchas y contramarchas en la segunda administración Trump revelan que la política de Estados Unidos hacia Venezuela aún no está claramente definida y que todavía existe margen de maniobra para continuar con las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores. Todo esto mantiene la expectativa de que finalmente Trump se decantará por una relación más pragmática con Venezuela.
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