Cuando el Estado se convierte en el enemigo, la sociedad debe reaccionar y proceder a su transformación para que cumpla su razón de ser, la cual no es otra que el bien común; es decir, la de promover y crear las condiciones sociales, económicas y políticas para que todos sus miembros puedan desarrollarse plenamente.
Para alcanzar este objetivo, no debería valerse de la perversa premisa de que “el fin justifica los medios”, ya que los fines nobles exigen medios nobles. Por ello, es justo el reclamo de que los principales protagonistas del cambio en el Estado venezolano —el cual ha sido tomado desde hace tiempo por fuerzas oscuras— procedan con total transparencia.
El Estado nace de la propia vulnerabilidad humana. El ser humano llega al mundo indefenso y requiere de la madre; la madre, a su vez, de la familia, y esta de la comunidad. Pero cuando la sociedad crece y sus dinámicas se vuelven complejas, se hace imprescindible crear el Estado: una institución diseñada para atender los asuntos comunes que ni la familia ni la sociedad pueden resolver por cuenta propia.
Todo individuo nace, además, con una dignidad propia. Una condición sagrada que no depende del sexo, el color de piel, del idioma, las creencias ni del oficio que lo hacen único e irrepetible. Es precisamente esa dignidad la que impone al Estado el deber absoluto de respetar los derechos humanos y colectivos, empezando por los dos más sagrados: la vida y la libertad.
Cuando un Estado es lo contrario de su razón de ser, se justifica plenamente que la sociedad reaccione y lo transforme, para que responda adecuadamente a sus fines esenciales: El respeto a la dignidad de la persona humana, el bien común, la seguridad jurídica y personal, la administración de justicia, el bienestar social y económico y prestar los servicios públicos esenciales como educación, salud, infraestructura y servicios básicos. Y todo con eficacia y transparencia.
Esta visión no es nueva ni ajena a nuestra identidad. Se fundamenta en la gran tradición humanista de la Escuela de Salamanca, liderada por pensadores como Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, quienes demostraron que el poder político emana del pueblo para la búsqueda del bien común, y que la dignidad humana es previa y superior a cualquier gobernante. Fue precisamente este arsenal jurídico el que asumió Juan Germán Roscio, el padre intelectual de nuestra emancipación, para justificar la Independencia de Venezuela. Roscio demostró que cuando un gobierno degenera en tiranía, rompe el pacto social y pierde su legitimidad, devolviendo a la sociedad el derecho natural de gobernarse a sí misma.
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Hoy, cuando nuestro país se encuentra en la insólita circunstancia de ser un Estado anómalo, con instituciones capturadas por un grupo gobernante desprovisto de toda legitimidad y tutelado por poderes extranjeros, nos hallamos en una situación profundamente similar a la de aquellos años previos a la Independencia. Ante este escenario, en el que el aparato estatal se ha convertido en el principal enemigo de la sociedad, la familia y la persona humana, resulta no solo conveniente, sino natural, rescatar aquellas ideas seminales que dieron vida a la República para asumir, con la misma determinación, el desafío ineludible de su transformación.
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