¿Qué servicios públicos se paralizarían en Estados Unidos luego que fracasó la negociación de un acuerdo para financiar un muro en la frontera con México?
Los estadounidenses están acostumbrados a estas estrategias fiscales que precipitan el cierre de servicios considerados “no esenciales” por el gobierno federal, que súbitamente se ven privados de fondos. Cuanto más duren estos bloqueos, más graves son sus consecuencias.
El último “cierre”, el primero de la administración de Trump en enero de 2018, duró tres días. El anterior, en octubre de 2013, había sido mucho más largo, de 16 días, pero aún estuvo lejos del récord de 21 días en 1995-1996.
Esta vez, Donald Trump dijo que estaba listo para un bloqueo “muy largo”, mientras persigue el objetivo de obtener fondos para el muro que ha sido el hilo conductor de su política migratoria.
Aunque alrededor del 75% de los departamentos federales han aprobado presupuestos para varios meses y no se verán afectados, algunos departamentos importantes se verán afectados, incluidos los de Seguridad Nacional, Justicia, Comercio, Transporte, Vivienda y Tesorería. Incluso el de Interior, que gestiona los parques nacionales, muy visitados durante este tiempo de celebraciones, como el Gran Cañón.
En el “cierre” de enero de 2018, causado por un desacuerdo sobre la política migratoria, la mayoría de los parques permanecieron abiertos pero redujeron en un 80% su personal y sus servicios al público (tiendas, restaurantes, baños y otros).
La Estatua de la Libertad podría volverse inaccesible: estuvo cerrada por dos días en enero, antes de que el estado de Nueva York la reabriera con financiamiento propio, por 65.000 dólares por día. Los principales museos Smithsonian en Washington también fueron obligados a cerrar.
Los demócratas del Congreso y del Senado estimaron que más de 800.000 empleados públicos, sobre un total de 2,1 millones, se verían afectados.
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Se espera que aproximadamente 380.000 personas queden licenciadas sin goce de sueldo, incluyendo el 95% de los empleados de la Nasa y el Ministerio de Vivienda, y 52.000 empleados de servicios fiscales.
Según el detalle del Partido Demócrata, cerca de 420.000 funcionarios públicos, cuyos servicios se consideran esenciales, tendrán que trabajar sin cobrar de inmediato: 150.000 empleados de la secretaría de Seguridad Nacional, de la que depende la policía de fronteras y el transporte, y más de 40.000 agentes del FBI, la agencia antidrogas DEA y la administración penitenciaria.
