Durante 2024, las universidades y los universitarios venezolanos se vieron afectados principalmente en sus derechos de participación política, tanto en elecciones internas como en el contexto de elecciones presidenciales. Asimismo, la asfixia presupuestaria que el régimen aplica desde 2008 a las universidades arreció el año pasado y la devaluación de los sueldos universitarios precarizó aún más el trabajo de docentes, personal administrativo y obrero.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) elabora un reporte mensual sobre la situación de las universidades y los universitarios en Venezuela desde 2021. Como resultado de ese trabajo, el año pasado se registraron 342 ataques divididos en las siguientes categorías: violaciones de la autonomía universitaria, asfixia presupuestaria y persecución contra universitarios. Las agresiones motivadas por violencia basada en género y/o discriminación también son documentadas.
Persecución política contra universitarios: la más grave en los registros del ODH-ULA
La persecución por motivos políticos constituyó el tipo de agresión más recurrente contra universitarios en Venezuela durante 2024. El ODH-ULA contabilizó al menos 47 estudiantes, profesores y trabajadores universitarios detenidos arbitrariamente en todo el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. En total, los reportes sobre la situación de las universidades sumaron 60 casos de persecución política contra universitarios, que incluyen detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento, expulsiones y descalificaciones públicas.
Entre los casos de persecución política contra universitarios destacan la detención el 9 de febrero de Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos, directora de la ONG Control Ciudadano y profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien continúa privada de libertad. Tras las elecciones del 28 de julio, 71 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), núcleo Caracas, fueron expulsados luego de denunciar el voto asistido por parte del director de la institución. 25 de ellos habían sido detenidos el mismo día de la elección y permanecieron en desaparición forzada por varios días.
Previamente, el ODH-ULA registró 92 casos de persecución política en la región andina entre enero y hasta el fin de la campaña presidencial. Algunos de estos casos fueron contra universitarios. Luego, en diciembre pasado, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) publicó un comunicado expresando su solidaridad con los profesores Tulio Ramírez y Ana Julia Niño, acusados por medios de comunicación oficialistas de estar implicados en presuntos planes conspirativos relacionados con las elecciones presidenciales. Ramírez y Niño fueron elegidos como rectores suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2023.
Suspensión de elecciones en la ULA: otro atropello contra la autonomía universitaria
El 20 de marzo de 2024, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia publicó una sentencia en la que ordenaba la suspensión de elecciones internas en la Universidad de Los Andes (ULA) para renovar sus autoridades, que estaban previstas para el 30 de abril de ese año. La ULA, como todas las universidades autónomas del país —salvo la UCV—, no ha podido renovar sus autoridades desde 2008, debido a una serie de decisiones de la misma Sala Electoral del TSJ que prohibieron la realización de distintas elecciones universitarias.
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«La decisión del TSJ (…) constituye una clara vulneración al derecho de participación política consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 21), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 25) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 23), así como en el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta sentencia también vulnera lo establecido en el artículo 26, numeral 17, de la Ley de Universidades», detalló en un comunicado el ODH-ULA.
La injerencia del gobierno en la autonomía universitaria, consagrada en la Ley de Universidades, ha llegado a límites extraordinarios, como la designación a dedo de autoridades en la Universidad Simón Bolívar (USB) en Caracas. En 2024, la decisión de la Sala Electoral del TSJ de suspender el proceso electoral en la ULA respondió al recurso contencioso electoral interpuesto por el abogado José Eladio Quintero, profesor jubilado de la ULA, contra el Reglamento Transitorio para la Elección de Rector, Vicerrectores, Secretario, Decanos y Representantes Profesorales de la Universidad de Los Andes.
Asfixia presupuestaria: universidades sin recursos ni para pagar servicios básicos
La reducción en la asignación de presupuesto a las universidades públicas, principalmente las autónomas, ha sido una política de Estado implementada por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro desde el año 2008, cuando comenzaron los primeros recortes. A la par, el régimen destinaba enormes recursos al desarrollo de un sistema universitario paralelo, creado con el fin de politizar, ideologizar y controlar la educación superior en el país.
En 2024 la asfixia presupuestaria arreció, llevando a distintas dependencias y espacios universitarios al borde del cierre técnico. En enero, el rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) y el vicerrector decano del Núcleo Táchira de la ULA informaron que sus instalaciones podían quedar sin servicio de agua potable, electricidad y telefonía, debido a las deudas que mantienen incluso desde el año 2019.
Sobre el presupuesto anual, el Consejo Universitario de la ULA denunció en julio de 2024 que la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) solo había enviado 17,55 % del presupuesto requerido por la institución. En agosto, el medio de comunicación digital Crónica Uno publicó un reportaje sobre la Universidad del Zulia (LUZ), donde detalló que la biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas tiene más de 10 años cerrada y tampoco hay centros de investigación activos, debido a la falta de presupuesto, según denuncias de estudiantes de la Escuela de Derecho.
La precarización de sueldos y salarios de los universitarios también son parte de la asfixia económica gubernamental contra las universidades. El mayor sueldo de un profesor universitario —con escalafón Titular y dedicación exclusiva— está fijado en Bs. 522,16 mensuales desde el 16 de marzo de 2022. A la tasa de cambio oficial de este 20 de febrero, ese monto equivale a 8,26 dólares americanos.
Pese al deterioro de la democracia y el aumento del autoritarismo en Venezuela, el ODH-ULA no deja de exigir al gobierno nacional que cumpla con lo establecido en los artículos 102, 103 y 109 de la Constitución nacional, así como con la Ley de Universidades y todos los instrumentos internacionales sobre educación, libertad académica y autonomía universitaria de los que Venezuela es signataria.
Prensa ODH-ULA
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