Desde finales de 2024, se han registrado más de 1.500 excarcelaciones de personas detenidas durante las manifestaciones poselectorales, imputadas por terrorismo. Entre los liberados se encuentran adolescentes, mujeres y, en su mayoría, hombres que fueron trasladados a los centros penitenciarios Yare III, Tocuyito y Tocorón, ubicados en los estados Miranda, Carabobo y Aragua.
A pesar de que nunca se les garantizó el derecho a una defensa privada, algunos lograron su liberación gracias al reclamo ejercido por sus familiares, quienes denunciaron detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras, reafirmando que en Venezuela existe una violación sistemática de derechos humanos.
Las excarcelaciones se realizaron bajo medidas cautelares por solicitud del Ministerio Público. Todos los liberados deben presentarse mensualmente en los tribunales de terrorismo ubicados en Caracas, donde se llevan sus causas.
Esta obligación genera enormes dificultades económicas para muchas familias que deben cruzar el país desde estados como Bolívar, Nueva Esparta, Portuguesa, Lara, Zulia, Táchira, Apure, Anzoátegui, Monagas, Sucre, Mérida, Trujillo, Cojedes y Guárico. Estos viajes pueden costar hasta 200 dólares, un gasto que se duplica cuando se trata de menores de edad, ya que deben ir acompañados por sus representantes.
“Ya no puedo gastar eso, compro comida o viajo”, expresa uno de los excarcelados, reflejando el dilema que enfrentan muchos. Algunos optan por asistir a una audiencia y faltar a la siguiente para reducir costos, mientras que otros han dejado de presentarse por completo o decidieron huir.
Las familias manifestaron su preocupación al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), destacando que la carga económica es insostenible. En su afán por cumplir con las exigencias judiciales, muchos han dormido en terminales o fuera de los tribunales para evitar el gasto en hospedaje. Incluso han presentado escritos y cartas de pobreza extrema ante los jueces, solicitando consideración frente a su situación.
En ese sentido, desde el OVP hacemos un llamado urgente al Poder Judicial para que permita la presentación telemática de los excarcelados desde los tribunales de cada estado, tal como se realizó en las audiencias preliminares durante la pandemia por COVID-19. “Estas presentaciones podrían realizarse por Internet, pues tienen un gasto significativo que pega en nuestros bolsillos y no hace más que traernos estrés. Mes a mes debemos ver cómo resolvemos para conseguir el dinero del viaje”, declaró una de las denunciantes.
Para concluir, es importante recordar que estas medidas cautelares perpetúan la violación de derechos humanos, imponiendo una doble condena y restricciones innecesarias que generan temor y vulnerabilidad entre los excarcelados, quienes debieron ser liberados sin restricciones.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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