El periodista Pablo José Mujica Rodríguez (CNP 25.769), integrante de la marca informativa Noticias La Voz de Valera, fue víctima de una situación irregular que involucró persecución, detención arbitraria y coacción por parte de funcionarios de inteligencia el pasado lunes 1° de junio en la ciudad de Valera.
Los hechos: intercepción y asedio
Según el relato del comunicador, el incidente inició aproximadamente a las 4:30 p.m. cuando regresaba del centro de la ciudad. Mujica fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta que circulaban en sentido contrario. Al observar que los individuos portaban armas de fuego, el periodista intentó ponerse a salvo corriendo, momento en el cual fue rodeado por otros cinco sujetos que lo acorralaron.
«Me interceptan empistolados. Cuando los veo, pensaba que me iban a atracar y salgo corriendo. Vienen dos más, los empujo, vienen tres más y me rodearon», detalló Mujica. Al identificarse como periodista, los sujetos justificaron el abordaje alegando que un «comandante de inteligencia» ubicado en la parroquia La Beatriz (donde se encuentra un puesto de comando policial) requería hablar con él.
Interrogatorio y censura bajo custodia
El periodista fue trasladado contra su voluntad en una camioneta hasta una sede policial en La Beatriz, donde permaneció retenido por aproximadamente tres horas. Durante la detención, fue sometido a un interrogatorio por un funcionario que se identificó como «comandante», quien lo cuestionó severamente sobre una reciente nota informativa referente a la escasez de combustible en la entidad.
De acuerdo con el testimonio de Mujica, las autoridades intentaron responsabilizar a la prensa por las colas en las estaciones de servicio:
«Me dijeron que por qué había sacado una nota de la escasez de gasolina (…) que nosotros, la prensa, producimos todo ese aparataje informativo. Me preguntaron qué político me estaba presionando para hacerlo».
Ante estas acusaciones, Mujica defendió su labor profesional, aclarando que su único compromiso es con la realidad que vive la ciudadanía, comparando la crisis de combustible con las fallas eléctricas que afectan a la región. «Es una realidad que no se puede ocultar», sentenció ante sus captores.
Amenazas y coacción informativa
Tras una serie de deliberaciones donde se le advirtió sobre la presunta molestia del Gobernador del estado por su trabajo informativo, el periodista fue liberado bajo la advertencia de no volver a publicar sobre el tema de la gasolina.
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Sin embargo, el hostigamiento no terminó allí. A las 11:00 p.m. del mismo lunes, funcionarios se presentaron nuevamente ante él para obligarlo a publicar una nota con una narrativa oficialista. «Me dijeron: ‘Necesitamos que hagas una nota donde digas que ya el Estado tiene todo controlado’. No se fueron hasta que la saqué», denunció el comunicador.
Un ataque a la libertad de expresión
Este hecho representa una grave violación a la libertad de expresión y al ejercicio libre del periodismo en el estado Trujillo. El uso de cuerpos de seguridad para amedrentar a comunicadores y forzar líneas editoriales contraviene los principios democráticos y el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre la crisis de servicios públicos.
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