Gustavo Petro (Pacto Histórico) tiene 62 años y es economista de formación. Titulado por la Universidad del Externado, tiene una especialización en administración de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y es diplomado en estudios especializados en Desarrollo, Población y Medio Ambiente de la Universidad Católica de Lovaina.
En la década de 1980, militó en el movimiento M-19, organización guerrillera urbana colombiana surguida para reclamar democracia, y tras su desmovilización, en 1990, Petro se incorporó a la vida política institucional. Fundó el partido político Alianza Democrática M-19 desde donde participó en la redacción de la Constitución de 1991 y llegó a la Cámara de Representantes. Sin embargo, no logró la reelección y no fue hasta 2002 cuando intentó de nuevo conseguir un escaño. En esas elecciones se convirtió en el diputado con mayor respaldo electoral de todo el país.
En esa legislatura se destacó como uno de los mayores opositores al Gobierno del presidente Álvaro Uribe, especialmente en proyectos como el Estatuto Antiterrorista y la Reforma Constitucional que habilitó la reelección del propio Uribe.
En 2005, Gustavo Petro apoyó la creación del partido político Polo Democrático Alternativo, formación por la que logró un asiento en el Senado colombiano en 2006. La proyección alcanzada le facilitó su presentación como candidato presidencial en las elecciones de 2010, en las que fue el tercero más votado.
Más tarde abandonó el Polo Democrático para fundar su propio partido, con el que llegó a la Alcaldía de Bogotá en 2011. Seis años después lanzó de nuevo su candidatura presidencial por el movimiento Colombia Humana, con el que logró pasar a la segunda vuelta, donde fue derrotado por el actual presidente, Iván Duque.
El 13 de marzo de 2021 se impuso con casi un 80 % de apoyo en las elecciones primarias de la coalición Pacto Histórico y eligió como candidata a vicepresidenta a Francia Márquez.
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Gustavo Petro espera poder convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia. Petro y su proyecto son en gran medida el resultado de las protestas sociales de 2019 y 2020, que dieron un vuelco político al espectro colombiano similar al vivido en países como Chile, Ecuador o Perú. El descontento se ha plasmado en un programa denominado ‘Colombia potencia mundial de vida’ que recoge puntos clave como la reforma agraria o de las fuerzas de seguridad.
El texto programático plantea un cambio radical de modelo económico que impulse la producción agropecuaria que pasa por una reforma agraria que ataque la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra garantizando el derecho a la tierra de las familias rurales con las mujeres como prioridad.
Además recoge medidas contra el ‘fracking’, la reforma de los fondos de pensiones privados y públicos, un ingreso mínimo básico, el impulso de las energías renovables y una reforma tributaria que espera que sirva para que los 4000 colombianos más ricos paguen cerca de 12 000 millones de pesos al año (unos 2,84 millones de euros).
Ante los ataques de sus rivales conservadores y liberales, Petro ha respondido que no pretende «expropiar, sino democratizar». En abril, Petro llegó a firmar en una notaría un documento en que se compromete a no expropiar.
El programa también recoge medidas para proteger los ecosistemas y los recursos naturales, con una mención ampliada al agua.
Especial atención tiene en el texto la promoción de la igualdad de las mujeres. Para ello plantean que ocupen el 50 % de todos los cargos públicos en todos los niveles del poder y que exista un Ministerio de la Igualdad encargado de articular las políticas vinculadas al género.
A nivel institucional, el Pacto Histórico ha prometido avanzar hacia la «desmilitarización de la vida social» y el desmantelamiento del polémico Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que protagonizó escenas de represión durante la ola de protestas de 2019-20.
Igualmente plantea que se eliminen los fueros penales militares y propone que se fortalezcan los procesos de investigación en la justicia militar para acabar con la impunidad, así como medidas para proteger a los líderes sociales tras la muerte de 145 activistas solo durante 2021.
También propone avanzar en una negociación de la paz definitiva con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Con información de: AGENCIAS | EITB
