Madrid, 22 jul (EFE).- El presiente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ha sido citado a declarar el 30 de julio como testigo en una investigación judicial que afecta a su esposa, Begoña Gómez, sobre un presunto tráfico de influencias y una posible corrupción en los negocios.
El interrogatorio será en el palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, adonde se trasladará el juez del caso, Juan Carlos Peinado, según la providencia de citación, conocida este lunes.
El juez acepta así la petición de las acusaciones populares, dirigidas por el partido de extrema derecha Vox, que solicitaban la declaración del jefe del Ejecutivo como testigo.
Argumenta Peinado que la jurisprudencia contempla la modalidad del «delito de tráfico de influencias en cadena» y ve «conveniente, útil y pertinente» recabar la versión del presidente del Gobierno para indagar en «la posible relación de la persona investigada con una autoridad».
Según informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Peinado decidió convocar a Sánchez en una providencia dictada el viernes pasado, el mismo día en el que su mujer compareció ante el mismo juez como investigada, pero se negó a declarar.
Aunque Sánchez tenga obligación de comparecer, la legislación española exime a cualquiera de testificar en contra de su cónyuge y otros familiares próximos en un procedimiento judicial.
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El juez podrá tomarle declaración «sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo» en su «domicilio o despacho oficial», conforme a la ley española de enjuiciamiento. Y será grabada, dispone Peinado en la resolución.
Los conservadores piden la dimisión de Sánchez
Tras conocerse la citación, fuentes del Partido Socialista, que dirige Sánchez, opinaron que las últimas decisiones del juez son «absolutamente injustificadas» y «revelan la naturaleza política de este caso», una «persecución política orquestada por la derecha y la ultraderecha» para impedir que Sánchez siga en el gobierno.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que espera que el juez no esté tomando decisiones por «proyección pública».
Por el contrario, el jefe de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, instó a Sánchez a dimitir. «Una ciudadana o un ciudadano imputado tiene el derecho a no dar explicaciones, pero un gobierno no; un gobierno debe de dar explicaciones a los ciudadanos siempre», adujo.
Investigados un empresario y un rector universitario
El viernes pasado, Begoña Gómez se acogió al derecho de no declarar al no ver suficientes garantías en el procedimiento judicial, como explicó su abogado, Antonio Camacho.
«Este procedimiento se ha quedado sin contenido. No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor en esta investigación expansiva, que cada vez se extiende más y en donde las garantías, desgraciadamente no están lo protegidas que deben estar en un Estado de Derecho», incidió el letrado.
Esa negativa a declarar motivó que las acusaciones populares solicitasen que se llamase al jefe del Ejecutivo como testigo para conocer qué ocurrió en reuniones en la Moncloa entre Begoña Gómez y empresarios como Juan Carlos Barrabés, también investigado.
Barrabés, citado como testigo inicialmente, había dicho al juez que Sánchez estuvo presente en un par de esas reuniones con Gómez, según informaron fuentes de las acusaciones.
En otra providencia, el juez decidió este lunes investigar al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, y lo cita a declarar el 29 de julio, después de que anteriormente compareciera solo como testigo.
El juez investiga a Gómez desde abril pasado en una causa abierta a raíz de una denuncia del autodenominado ‘sindicato’ Manos Limpias, que la Fiscalía solicitaba archivar, y que pedía aclarar si utilizó su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer la concesión de contratos al empresario Barrabés, profesor del máster de la cátedra que ella dirigía en la UCM.
Tras la denuncia de Manos Limpias, otras organizaciones vinculadas con la ultraderecha decidieron unirse al procedimiento.
Después de remitir parte de los contratos investigados a la Fiscalía Europea, el juez analiza otras adjudicaciones, aunque dos informes de la policía judicial coinciden en que se tramitaron con «normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública».
En el foco de las acusaciones también está el trabajo de Gómez en la UCM, que ha remitido al juez una investigación interna que termina sin «conclusión» sobre una posible «apropiación indebida» del ‘software’ de la cátedra que codirigía la esposa de Sánchez.
El caso motiva una fuerte discusión política entre la izquierda, con los socialistas en el poder, y conservadores y extrema derecha, además de una repercusión mediática importante.
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