San José, 10 jun (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este miércoles el cierre de El Helicoide, un edificio gubernamental señalado de ser un centro de tortura en Venezuela, al emitir un fallo por el caso de la detención en 2003 en ese lugar de un estudiante y condenar por ello al Estado venezolano.
«La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención ‘El Helicoide'», indicó la CorteIDH.
El tribunal internacional también dispuso «que el traslado de las personas allí detenidas se efectúe conforme a los estándares establecidos en la Convención Americana en materia de integridad personal, libertad personal y debido proceso».
En su sentencia, la CorteIDH indica que constató que varias instituciones y organismos internacionales que monitorean la situación de los derechos humanos en Venezuela han determinado que las personas privadas de libertad en El Helicoide han sido sujetas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En particular, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, indicó que había motivos suficientes para afirmar que un número importante de personas privadas de la libertad en El Helicoide fueron víctimas de detención arbitraria, así como de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La violaciones en mención fueron ejecutadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), una institución sucesora de la de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), de acuerdo con la sentencia.
La CorteIDH declaró responsable al Estado venezolano por restringir la participación del estudiante Jorge Rojas, de 30 años, en una protesta pacífica, así como por violar su libertad de pensamiento y expresión y su participación política.
Rojas fue detenido durante un operativo policial realizado por agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) el 19 de septiembre de 2003 en la Plaza Francia de Altamira de la ciudad de Caracas, en el marco de una jornada de protestas contra el entonces presidente Hugo Chávez.
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El Tribunal internacional también declaró que agentes estatales, que no fueron investigados, perpetraron actos de tortura contra Rojas cuando se encontraba bajo la custodia estatal, durante su detención y privación de libertad en el centro de detención El Helicoide.
Según explicó la CorteIDH, «la violación del derecho a la integridad personal de Rojas se produjo en un contexto de impunidad frente a violaciones generalizadas del derecho a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes en el marco de detenciones arbitrarias en El Helicoide».
Rojas «fue objeto de actos de tortura, fue golpeado en distintas partes de su cuerpo, fue objeto de amenazas de violencia sexual, numerosos vejámenes, fue apuntado con armas de fuego, y objeto de simulacros de ejecución», agrega el fallo.
En agosto de 2004, un tribunal venezolano sentenció a Rojas a cuatro años y seis meses de cárcel por los delitos de porte ilícito de arma de guerra, intimidación pública y resistencia a la autoridad. La defensa legal de Rojas presentó recursos de apelación, pero fueron declarados inválidos por la Corte de Apelaciones.
Finalmente, en junio de 2009 el Tribunal de Primera Instancia Sexto de Ejecución declaró la extinción de la responsabilidad penal de Rojas y ordenó su libertad plena.
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