Ciudad de Panamá, 17 mar (EFE).- Panamá impulsa uno de los pocos sistemas nacionales de cuidados de Latinoamérica que reconoce el cuidado como un derecho, una política destinada a redistribuir una labor que recae mayoritariamente en las mujeres y facilitar su acceso al empleo formal, aunque expertos advierten que el reto es asegurar financiamiento, profesionalizar a las cuidadoras e involucrar al sector privado.
«Este foco de traer los cuidados a la agenda pública lo que busca es que este trabajo -que históricamente las mujeres hemos hecho sin remuneración-, la sociedad y el Estado lo reconozcan», dijo a EFE la coordinadora de ONU Mujeres para Panamá, Dayanara Salazar.
Las declaraciones se entregaron durante la mesa redonda ‘Cuidados y justicia social’, organizada por la Cooperación Española y ONU Mujeres como precedente al seminario ‘Conectadas y resilientes: una mirada feminista’.
Si las mujeres generan ingresos supone un «triple retorno: la mujer puede salir al mercado laboral cuando tiene guarderías, cuando tienen casas de días para sus familiares; también, la mujer empieza a cotizar en la seguridad social y a pagar impuestos cuando tiene un trabajo formal», detalla Salazar.
Y es que con frecuencia las mujeres se encargan de los cuidados de los familiares mayores, menores o con discapacidad sin remuneración y recortando el acceso al mercado laboral, con la ausencia de los beneficios sociales que eso conlleva.
Desde 2024, Panamá tiene una ley de Sistema de Cuidado de Personas, que «garantiza el derecho al cuidado, el pleno bienestar y el desarrollo de las personas, así como a la protección de su autonomía», siendo el tercer país de América Latina y el Caribe en legislar los cuidados como derecho (Uruguay y Colombia también lo hicieron).
Dicha ley está orientada hacia la promoción de una nueva organización social del cuidado, basada en la corresponsabilidad entre Estado, familias, sector privado, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, comunitarias y la academia, a través del diseño e implementación de políticas públicas.
Durante la conversación, la ministra de la Mujer de Panamá, Niurka Palacio; la directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, Aracelly de León de Bernal, y otras autoridades judiciales dialogaron sobre esos avances del sistema de cuidados en el país centroamericano así como de los desafíos aún existentes.
«Hemos hablado sobre los cuidados, de cómo la inclusión de la nueva ley que crea el sistema de cuidados en Panamá ha generado un impacto en las comunidades; cómo podemos articular que la sociedad civil, empresas, autoridades locales puedan trabajar en esta igualdad que requieren las mujeres», detalló a EFE la ministra panameña.
Panamá pretende que esta estructura no solo sea un avance legal, sino una herramienta de transformación económica que permita a miles de mujeres transitar de la economía del cuidado al mercado laboral formal.
Ejemplo de ello es el programa de ONU Mujeres, con la colaboración de Cooperación Española, para «transformar» las economías en sistemas de cuidados integrales al trabajar con las comunidades locales.
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