Una de las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja es el éxodo de al menos 7.2 millones de venezolanos, quienes buscan fuera de nuestras fronteras, la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. El 30% de estos son niños, niñas y adolescentes que están en estado de vulnerabilidad en los países de acogida. Esta situación la denunció el Observatorio Social Humanitario (OSH) en un foro organizado el pasado viernes 2 de junio.
Leonardo Rodríguez, abogado especialista en derechos de los niños, niñas y adolescentes, alertó que la migración forzada dejó a muchos menores solos sin protección de sus padres y cuya crianza la asumieron otras personas, familiares o cercanos, lo que los expone a situaciones de maltrato, abusos, entre otros.
«Se han quedado más de un millón de niños, niñas y adolescentes, sin cuidados parentales, sin el cuidado de su papá o de un adulto responsable, es un problema que estamos comenzando ahora a reconocer», indicó.
Sobre los principales problemas que afectan a los menores de edad en territorio venezolano, Rodríguez aseguró que «lo relacionado al derecho a la identidad, el acceso a partidas de nacimiento, documentos de identidad y asociados también a la movilidad y no estamos hablando del derecho a la movilidad como que se van del país, sino también pensando en que hay muchísima gente moviéndose entre el territorio nacional en búsqueda de otras condiciones de vida, de tener algún bienestar y los niños están siendo afectados inmediatamente con el tema de sus documentos, no existe una política que garantice este derecho para los niños”.
“En segundo lugar, tenemos a los problemas de maltrato y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, que también están relacionados con movilidad humana dentro del país porque los padres están mudando a sus hijas, a sus hijos a lugares que no son sus hogares, y estos niños pueden ser víctimas de redes de trata o de abuso sexual”, añadió.
En tercer lugar, el abogado expuso el tema sobre el acceso al derecho a la educación, el acceso a los centros educativos, la prosecución escolar que nuevamente vuelve a asociarse al tema de la migración interna, pues pasan a otro municipio, a otro estado, y es difícil garantizar este derecho», insistió.
Por su parte, Paula Andrea Jiménez, periodista e investigadora, enfatizó en que el fenómeno migratorio de mayor flujo es el venezolano, sólo superado por Ucrania, según cifras del BID. Y que es un hecho inédito en América Latina y que Colombia es el país que
más recibe población venezolana. Asimismo, detalló que la situación no ha mejorado con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, por el contrario, denunció opacidad y falta de transparencia en la información suministrada por Migración Colombia.
«El año pasado en octubre hicieron un corte de cuántos venezolanos había aquí, sin contar a los retornados, y se habló de 2.8 millones, el seguimiento a la data es muy importante en Colombia, hablaron de 2.9, de repente a los días Migración Colombia retrocede y asegura que son 2.5 millones, cosa que abona a un tema operativo y discursivo del nuevo gobierno de Gustavo Petro» agregó.
Según la investigación de Jiménez, desde el 2015 registraron al menos 14 mil casos de violaciones de los derechos más fundamentales de los niños por múltiples razones. “El principal es el abandono, la omisión de ese padre, madre o el adulto responsable. También otros tipos de violencia, violencia física, acoso sexual, violencia sexual, alta permanencia en calle, estado de mendicidad, son muchísimos los causales por los cuales el instituto colombiano de bienestar familiar tuvo que intervenir».
Insistió en que «las autoridades venezolanas siempre han negado las razones de la diáspora y a la diáspora misma. La han tratado de disminuir. Con la llegada de Petro, el canciller Álvaro Leyva y todo el gobierno de Petro se ha acoplado a la narrativa del gobierno venezolano de disminuir y bajarle el tono, fíjense que en las declaraciones nunca se habla de migrantes y refugiados venezolanos, se habla de temas comerciales, colaboraciones de tipo judicial. La Cancillería incluso dice que hay que contar de nuevo a los migrantes».
Sobre la situación de los más de 1.200 niños venezolanos que están bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Rodríguez indicó que “no existe ningún tipo de comunicación que las organizaciones de la sociedad civil puedan verificar que desde el Estado venezolano está implementando algún programa de repatriación de esos niños que están en Colombia”.
Aseguró también que es una situación que se repite también en otros países de la región como Perú, Ecuador, México es un problema que está en todos los espacios donde hay migración venezolana.
Rodríguez finalizó recordando que “la situación de nuestra niñez y esta grave crisis, no es algo que se presentó luego de un terremoto. Es una crisis inducida, causada por los mismos gobiernos y sus socios, que se benefician diciendo que esto es producto de unas sanciones, pero todo lo que hemos visto hasta acá es el resultado de la negligencia y de acciones intencionales, dañinas y que a diario afectan a toda la población”.
Cortesía: Prensa OSH
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