En Venezuela, el concepto de «custodia del Estado» ha mutado de una garantía de seguridad a una antesala de miedo, torturas y violaciones de derechos humanos. Entre 2024 y lo que va de 2026, la cifra de presos políticos fallecidos en centros de reclusión ha escalado hasta alcanzar las 28 víctimas, una lista que no solo da cuenta de decesos, sino de un patrón sistemático de involucra desidia médica, aislamiento y desaparición forzada, ante el cual el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Servicio Penitenciario han actuado con indiferencia y complicidad.
El caso de Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte fue confirmada oficialmente el 7 de mayo de 2026, es ejemplo reciente de esta realidad. El comerciante desapareció el 3 enero de 2025 tras ser detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Desde entonces, su madre, Carmen Teresa Navas, recorrió tribunales y centros de detención sin obtener respuesta. Un año después, y tras una intensa presión mediática, se conoció que falleció en julio de 2025 en el Hospital Militar de Caracas por un «tromboembolismo pulmonar«. El Estado lo enterró de forma anónima sin notificar a su familia.
El caso de José Manuel García
A esta tragedia se añade el reciente caso de José Manuel Sabino, exconcejal del PSUV, quien fue hallado muerto este fin de semana dentro de su celda en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui.
A diferencia de otros decesos atribuidos a la desidia asistencial, los informes forenses indican que Sabino falleció por estrangulamiento. Este suceso no solo desmiente la narrativa oficial de protección a los detenidos, sino que evidencia que la violencia física directa sigue siendo una herramienta de control y castigo en los recintos penitenciarios, sin distinguir, en ocasiones, procedencias políticas previas cuando se disiente del sistema.
Cronología del horror
La tragedia de Víctor Quero se suma a una lista que no deja de crecer. En dos años, 10 nombres se han incorporado a la lista de presos políticos fallecidos en cárceles venezolanas. No fueron muertes imprevistas, sino fallecimientos evitables que se consumaron por la negativa sistemática del Estado de brindar la atención médica que su propia legislación exige.
Edison José Torres Fernández murió el 10 de enero de 2026 en la sede de la PNB en Zona 7, Caracas, a los 52 años de edad. La causa reportada fue «derrame cerebral». Era funcionario activo de la Policía del estado Portuguesa con más de 20 años de servicio. Fue detenido el 9 de diciembre de 2025 tras publicar mensajes en redes sociales criticando al gobernador de su estado. Se le acusó de traición a la patria y asociación para delinquir.
Según el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y la Fiscalía 13° en Derechos Humanos determinaron que Torres presentó “una descompensación súbita de salud”.
Su muerte se conoció dos días después de que el gobierno venezolano anunciara nuevas excarcelaciones de presos políticos, medida que pudo haberle salvado la vida si se hubiese ejecutado a tiempo.
Alfredo Díaz Figueroa murió en El Helicoide el 6 de diciembre de 2025, bajo control del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tras un año de aislamiento e incomunicación. Fue gobernador del estado Nueva Esparta y dirigente opositor, miembro del partido político Acción Democrática. Padecía graves problemas cardíacos y, a pesar de las constantes solicitudes de su familia para un traslado médico ante un infarto en progreso, no fue atendido a tiempo. Durante su encierro, su padre falleció y no se le permitió asistir al funeral.
El 24 de noviembre de 2024 fue detenido por el Sebin tras las protestas poselectorales. Lo sometieron a desaparición forzada por cuatro días. No le permitieron acceso a un abogado de confianza y ante numerosas violaciones al debido proceso, Díaz fue acusado de “incitación al odio” y “terrorismo”. Permaneció aislado e incomunicado por más de un año, sin atención médica adecuada y sin acceso a visitas.
Lindomar Jesús Amaro Bustamante fue hallado muerto el 3 de mayo de 2025. Las autoridades venezolanas reportaron lo sucedido como «suicidio por ahorcamiento«. Sin embargo, su familia y ONG denunciaron que a Lindomar lo sometieron a torturas psicológicas y tratos crueles en «celdas de castigo», lo que lo llevó a un estado de desesperación absoluta. Sus familiares nunca pudieron visitarlo en los nueve meses que estuvo preso debido a falta de recursos.
El joven de 27 años, nacido en Cojedes, era mototaxista y obrero. Lo arrestó la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 29 de julio de 2024 mientras regresaba a su casa tras las elecciones. Lo trasladaron a la cárcel de Tocorón.
Reinaldo Araujo, de 55 años, falleció el 24 de febrero de 2025 tras sufrir una crisis hipertensiva que derivó en un infarto fulminante. Según denuncias de sus familiares y de la organización Foro Penal, Reinaldo había manifestado malestar físico durante varios días previos a su deceso, pero los custodios le negaron atención médica alegando que «no tenían orden judicial» ni «combustible para la patrulla».
Se encontraba recluido en los calabozos de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Trujillo (Fapet) desde el 9 de enero de 2025 tras la persecución política intensificada posterior a las elecciones presidenciales de 2024.
Oswal Alexander Gonzalez Pérez falleció el 15 de diciembre de 2024 en la cárcel de Tocuyito a causa de una Hepatitis A no tratada. Presentó síntomas severos como ictericia, inflamación abdominal y dolor intenso durante semanas, pero los médicos del penal le diagnosticaron erróneamente un «cólico renal» y solo le dieron analgésicos. Sus familiares suplicaron por una ecografía y traslado hospitalario, pero el director del penal se negó hasta que fue demasiado tarde. De 43 años, lo detuvieron el 1° de agosto de 2024 en Barquisimeto junto a su hijo.
Nelsón Adán Girón Giménez murió el 31 de octubre en el Hospital Pablo Acosta Ortiz de San Fernando de Apure, tras complicaciones de salud derivadas de las precarias condiciones de detención. Lo capturaron en 2024 tras las elecciones presidenciales.
Asdrubal Santana murió el 8 de noviembre de 2024 bajo custodia de la Policía de Apure. Presentó un cuadro de salud muy deteriorado que no se atendió preventivamente dentro del centro de reclusión, llegando al hospital sin signos vitales.
Según sus familiares, Poliapure les notificó que había sufrido una «caída» y tenía una lesión en el tabique nasal. Lo trasladaron al Seguro Social del municipio Biruaca, donde posteriormente se notificó su deceso por un «infarto».
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Gritos de ayuda ignorados
Jesús Manuel Martínez Medina, de 36 años, era músico, miembro del partido Vente Venezuela y fue testigo electoral durante los comicios de julio de 2024. Lo detuvieron el 29 de julio en el estado Anzoátegui funcionarios del Sebin. Paciente de diabetes tipo 2 y con problemas cardíacos, durante su reclusión en la sede de la PNB en Caracas sus condiciones de salud empeoraron. Desarrolló abscesos en la piel y una infección severa en una de sus piernas que terminó en necrosis.
Su madre pidió incesantemente atención médica para su hijo, pero las autoridades no cedieron hasta que su estado de salud era muy crítico. Martínez falleció el 14 de noviembre de 2024 en el Hospital Luis Razetti de Barcelona debido a complicaciones cardíacas poco después de que le fuera amputada la pierna afectada. Su caso se convirtió en símbolo de la falta de medidas humanitarias para los detenidos políticos con enfermedades crónicas.
Jesús Rafael Álvarez murió el 12 de diciembre de 2024 en el Internado Judicial de Tocuyito. Al igual que Oswal Alexander González, quien falleció en el mismo recinto tres días después, las denuncias de sus familiares apuntan a un cuadro infeccioso agudo que no se atendió.
Su muerte ocurrió en un contexto de hacinamiento crítico, donde los detenidos denunciaron falta de agua potable, alimentación deficiente y la propagación de enfermedades como la tuberculosis y la hepatitis. Álvarez fue detenido el 2 de agosto de 2024 junto a su esposa Anny Suárez de Álvarez, en El Callao, estado Bolívar.
Un llamado internacional
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU expresó hace unos días su consternación por la opacidad institucional en Venezuela. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió nuevas medidas cautelares en la última semana de abril y principios de mayo, advirtiendo que la falta de atención médica en centros como El Helicoide y la Dgcim es una «sentencia a muerte de facto».
La misión de la ONU, en sus actualizaciones de marzo y abril de 2026, denunció que en Venezuela existe una omisión deliberada de medidas humanitarias. «Los jueces ignoran sistemáticamente los informes médicos que advierten sobre riesgos de muerte inminente», se lee en su informe.
Las familias de los presos políticos fallecidos bajo custodia siguen exigiendo justicia sin recibir respuesta por parte de las autoridades venezolanas, lo cual deja entrever que la cárcel en Venezuela se ha convertido, para muchos, en un destino sin retorno.
La falta de respuesta oficial ante la muerte de presos políticos evidencia una crisis estructural en el sistema penitenciario de Venezuela. Para los familiares, la ausencia de investigaciones efectivas confirma que el encarcelamiento ya no representa solo la privación de libertad, sino que se vulnera el derecho a la vida de manera sistemática.
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