A propósito del Día Internacional de la Enfermería, el Comité Oswaldo Arenas por la Libertad de los Presos Políticos, con sede en el estado Trujillo, denunció este 12 de mayo la presunta detención arbitraria de la enfermera Yésica Sánchez y exigió su liberación inmediata, al considerar que los delitos imputados en su contra carecen de sustento y contradicen su trayectoria profesional como trabajadora del sector salud.
Según el comunicado emitido por la organización, Sánchez fue detenida el 6 de agosto de 2024 cuando acudió a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Beatriz, municipio Valera, para tramitar sus antecedentes penales como requisito para formalizar su ingreso laboral en el Hospital de Valera. Allí, las autoridades le notificaron sobre una orden de captura emitida el 18 de julio de 2022.
La enfermera enfrenta cargos por presunto Financiamiento al Terrorismo y Traición a la Patria, acusaciones que el Comité calificó como “incongruentes” frente a su historial profesional. La organización sostuvo que Sánchez ha trabajado de manera pública y regular en instituciones de salud en Valera y Caracas, además de estar registrada ante el Colegio de Enfermeras y el Sistema Autónomo de Auditoría de Salud (SAAS).
En su pronunciamiento, el Comité Oswaldo Arenas cuestionó que una persona señalada por delitos de carácter político pudiera desempeñarse legalmente en organismos del Estado y realizar trámites oficiales sin restricciones previas. Asimismo, denunció una supuesta “criminalización del gremio de salud” mediante el uso de cargos políticos contra profesionales que buscan estabilidad laboral.
La organización también alertó sobre las condiciones de reclusión de Sánchez, quien permanece detenida en la sede de la PNB de El Valle, en Caracas. A juicio del Comité, el traslado fuera del estado Trujillo dificulta el acceso a su defensa legal y limita el contacto con sus familiares.
Entre sus exigencias, el Comité solicitó la libertad inmediata de la enfermera, la intervención de la Defensoría del Pueblo en Trujillo y Caracas para verificar el respeto de sus derechos humanos, y el cese de la judicialización de ciudadanos ajenos —según afirman— a delitos de naturaleza política.
“El caso de Yésica Sánchez representa una situación de indefensión jurídica que debe ser revisada por las autoridades competentes”, señaló el documento difundido por la organización defensora de derechos fundamentales.
