(Mérida, 24/04/2025).- El 24 de abril de 2017, una bala le desgració la vida para siempre a Daniel Alexander Infante Zambrano y otra segó la vida de Jesús Leonardo Sulbarán. Estos nefastos hechos ocurrieron en la ciudad de Mérida, en el marco de las protestas sociales contra el gobierno de Nicolás Maduro. Fueron las dos primeras víctimas de entre más de 2.000 heridos y 15 personas asesinadas ese año. La mayoría de estos casos permanece impune y sin debida reparación de daños.
Entre el 24 de abril y el 30 de julio de 2017, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) registró un total de 15 personas asesinadas en cinco municipios del estado Mérida: 14 fueron víctimas de disparos con armas de fuego accionadas por delincuentes, la mayoría aún sin identificar y muchos de ellos señalados por testigos como miembros de colectivos armados progobierno.
En 2022, el ODH-ULA publicó un informe titulado El derecho a la reparación del daño por violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en el que da cuenta de casos donde el Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas y aún no lo ha hecho. Los delitos cometidos contra esas personas constituyen, en su mayoría, crímenes de lesa humanidad que investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
¿Qué es la reparación de daños en la justicia?
En materia de justicia penal, la reparación del daño es un derecho humano que consiste en el resarcimiento que está en la obligación de hacer el o los victimarios de la persona contra quien se comete un delito, incluidas las víctimas por extensión que también hayan resultado afectadas.
Este derecho está consagrado en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario, conocidos también como Principios Básicos del Derecho a Reparación.
En Venezuela existe la Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el régimen de Nicolás Maduro y publicada en Gaceta Oficial el 27 de diciembre de 2021. Sin embargo, esta legislación «no contiene un marco normativo que contemple medidas o programas de reparación integral, sino que pretende constituir un órgano que se encargará de implementar políticas públicas en ese ámbito», señala el referido informe del ODH-ULA.
Enrique Vásquez, experto en procesos penales de México y América Latina, señaló lo siguiente en el artículo La víctima y la reparación del daño, publicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: «Se considera que implementar mecanismos que permitan a la víctima lograr la reparación del daño en los procesos penales es una medida de pacificación social, por lo que debe fomentarse su regulación en las legislaciones penales, así como su aplicación por parte de las autoridades competentes».
Lea también
Casos sin debida reparación de daños en Mérida
En su informe sobre el derecho a la reparación del daño por violaciones de derechos humanos en Venezuela, el ODH-ULA detalla 55 casos que el equipo legal ha asistido ante el sistema de justicia en Mérida, y en ninguno de ellos las víctimas han sido debidamente reparadas. Esta cifra no incluye los casos que ha representado esta organización después de junio de 2022.
«En el estado Mérida este patrón generalizado de incumplir la obligación de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se refuerza con que, para el Foro Penal Mérida, desde el año 2017 en al menos 350 personas asistidas ninguna ha obtenido reparación», agrega el informe. La mayoría de estas víctimas fueron agredidas por funcionarios de la fuerza pública o por miembros de colectivos afectos al gobierno nacional.
En su informe de 2018 sobre Venezuela, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó que, entre julio de 2015 y marzo de 2017, fuerzas de seguridad del Estado fueron responsables por la comisión de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos. Este patrón de represión se ha mantenido desde las protestas sociales de 2014 y se intensificó tras las manifestaciones en contra del fraude electoral del 28 de julio de 2024.
Ocho años después de su agresión, Daniel Infante continúa postrado en una cama con la bala que perforó su cabeza aún alojada en el lado derecho de su cerebro. Ninguna persona fue detenida por este hecho y las investigaciones policiales están paralizadas. Sus familiares han asumido toda la carga física, psicológica y económica, sin ninguna ayuda ni reparación de daños. Así están, sin justicia ni debida reparación, todas las víctimas de la represión estatal venezolana.
