Bogotá, 24 mar (EFE).- Más de 170.000 personas viven confinadas en Colombia desde enero de 2025 debido al conflicto armado, una estrategia utilizada por los grupos ilegales para ejercer control, particularmente en zonas rurales, alertaron organizaciones humanitarias internacionales este martes.
«En los últimos 10 años, 700.000 personas se han visto en situación de confinamiento, es decir, sin libertad de movimientos, acceso a los medios de vida y a los servicios básicos debido al conflicto», explicó a EFE el gerente de la alianza humanitaria Consorcio de Respuesta a Emergencias Mire Más, Boris Aristín.
Durante la presentación de la exposición fotográfica ‘Atrapados en sus territorios’, las organizaciones instaron a las autoridades colombianas y a la comunidad internacional a mantener la atención sobre estas poblaciones, cuya protección y supervivencia «dependen de una respuesta humanitaria urgente».
Las zonas más afectadas por situaciones de confinamiento son los departamentos del Chocó (oeste), Cauca (suroeste), Valle del Cauca (suroeste), Bolívar (norte) y Norte de Santander (noreste), donde amplias zonas rurales permanecen inaccesibles para gran parte de la población como consecuencia de la violencia.
«El trabajo diario del consorcio es llegar a áreas de difícil acceso donde otros actores no llegan, complementando la institucionalidad del estado para brindar servicios básicos como salud, seguridad alimentaria, asistencia legal, psicosocial y educación», detalló Aristín.
Un porcentaje significativo de los afectados pertenece a comunidades indígenas y afrocolombianas. Además, los riesgos de violencia basada en género y reclutamiento forzado son especialmente altos para mujeres y niños durante los confinamientos, apuntó la organización.
Colombia tiene actualmente la tercera mayor cantidad de personas desplazadas internas a nivel mundial, por lo que es «alarmante la magnitud de quienes se ven obligados a sobrevivir y soportar enfermedades tras puertas cerradas, con una necesidad urgente de ayuda humanitaria», afirmó el gerente de Mire Más.
Así, el derecho a la libre circulación, según las organizaciones, se ha convertido en un privilegio condicionado por la presencia de grupos armados, particularmente en el occidente del país.
«El confinamiento es silencio, interrupción de la vida cotidiana, imposibilidad de tener actividades diarias, no poder acceder a servicios médicos o a terrenos para labores agrícolas, y genera falta de perspectiva y motivación en las comunidades», concluyó Aristín.
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