Por: José Gregorio Silva / El Diario
Más de 100 organizaciones de la diáspora venezolana exigieron ampliar y fortalecer la red consular del país, así como garantizar el acceso a documentos de identidad, servicios consulares y derechos políticos para los ciudadanos que viven en el exterior.
En un pronunciamiento conjunto divulgado este viernes 4 de septiembre, las organizaciones señalaron que “no es posible consolidar la transición democrática ni reinstitucionalizar el país dejando por fuera a los millones de venezolanos que viven en el exterior”. El documento fue suscrito por 106 organizaciones con presencia en América Latina, Norteamérica y Europa.
Las organizaciones describieron la situación como “una diáspora masiva frente a una red consular que no fue diseñada para ella”. Según el documento, cerca de 7,8 millones de venezolanos viven fuera del país, de los cuales 6,9 millones están en América Latina y el Caribe y casi 5 millones son mayores de edad.
El pronunciamiento señala que en 2024 solo 106 sedes estuvieron habilitadas para votar en el exterior, frente a 118 en 2018. Además, afirma que en varios países donde existen representaciones venezolanas estas no tienen una capacidad de atención proporcional a la cantidad de ciudadanos que requieren trámites.
Reclaman consulados operativos y atención para la diáspora
Entre las principales propuestas está expandir, reabrir o fortalecer los consulados venezolanos, incluidos los consulados honorarios, de acuerdo con la distribución territorial y el tamaño de las comunidades venezolanas. También plantean establecer operativos consulares itinerantes en ciudades donde exista una concentración importante de ciudadanos y que estén alejadas de las sedes diplomáticas.
Las organizaciones también solicitaron abrir el Registro Consular en todos los países con los que Venezuela mantiene relaciones y facilitar la documentación de ciudadanos con documentos vencidos o extraviados. Entre sus propuestas figura además permitir la expedición y renovación de la cédula de identidad en las sedes consulares y mediante operativos móviles.
El documento plantea crear una plataforma digital única de trámites consulares para centralizar procesos como el registro consular, la renovación de pasaportes, poderes, autorizaciones de viaje, fe de vida, constancias, apostillas y trámites de registro civil.
La situación de la representación diplomática también varía según el país. El pronunciamiento señala que EE UU restableció sus relaciones con Venezuela en marzo de 2026, mientras que Perú, Chile, República Dominicana, Panamá e Israel anunciaron entre julio y agosto la reactivación de sus relaciones consulares. Sin embargo, al cierre del documento, esos servicios todavía no estaban plenamente operativos. Uruguay, por su parte, reabrió sus servicios consulares en 2025.
Argentina permanece sin representación consular venezolana en Buenos Aires, de acuerdo con el documento, que señala que actualmente existen únicamente contactos humanitarios y misiones consulares temporales.
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Exigen recuperar el derecho al voto
El pronunciamiento vincula la falta de infraestructura consular con las dificultades para que los venezolanos en el exterior puedan ejercer sus derechos políticos.
Las organizaciones recordaron que durante la jornada de inscripción y actualización del Registro Electoral realizada entre el 18 de marzo y el 16 de abril de 2024, solo 6.528 personas fueron atendidas en todo el mundo: 508 nuevas inscripciones y 6.020 actualizaciones. Esa cifra representó 0,16 % de los venezolanos en edad de votar que residían fuera del país.
De los aproximadamente 5 millones de adultos venezolanos en el exterior, 69.211 quedaron habilitados para votar en las elecciones del 28 de julio de 2024, equivalente a 1,4 % de ese universo. En Argentina fueron habilitados 2.638 electores y votaron menos de 1.100, según el documento.
Las organizaciones atribuyeron estas dificultades a la interpretación restrictiva de las normas electorales, al cierre del Registro Electoral en el exterior entre 2018 y 2024, a la imposición de requisitos adicionales y a la limitada capacidad de atención de los consulados.
El documento también cuestiona el costo de algunos de esos requisitos. En países como Colombia, señala, un migrante podía tener que invertir aproximadamente 700 dólares entre el pasaporte y una visa de residencia permanente. Las organizaciones consideraron que esto terminó “convirtiendo el ejercicio del derecho al voto en un privilegio económico inaccesible”.
Entre sus propuestas está mantener abierto el Registro Electoral de forma permanente, aceptar la cédula venezolana vencida y documentos migratorios temporales como prueba de permanencia legal, además de habilitar más puntos de inscripción y votación en función del tamaño de las comunidades venezolanas.
Las organizaciones pidieron que estas medidas sean incorporadas desde la primera fase del proceso de reinstitucionalización de Venezuela y que se revise posteriormente el marco legal que limita la participación política de la diáspora, incluida la posibilidad de crear una circunscripción electoral del exterior con representación parlamentaria propia.
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