Madrid, 5 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no ha podido cumplir su deseo de agotar los cuatro años de legislatura, que comenzó en 2023, cuando fue elegido de nuevo jefe del Ejecutivo con el apoyo de los soberanistas catalanes de Junts a cambio de una ley de amnistía, y que ahora termina con una grave crisis de la vivienda.
Precisamente el voto en contra de Junts fue clave para que el Congreso rechazara el viernes pasado dos decretos leyes propuestos por el Gobierno del socialista Sánchez para paliar la carestía del alquiler, a los que también se opusieron los conservadores (Partido Popular) y la extrema derecha (Vox).
Esto llevó finalmente a Sánchez a disolver el Parlamento y anunciar este lunes un adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre próximo, cuando había reiterado hasta ahora que se convocarían en 2027.
En un contexto de malestar social creciente, perder esa votación sobre el grave problema de la vivienda constató definitivamente la debilidad y inestabilidad parlamentaria y los altibajos políticos que ha arrastrado durante esta la legislatura el Gobierno, formado por los socialistas y la coalición de izquierdas Sumar.
Los conservadores ganaron por número de votos en las elecciones parlamentaras de 2023, pero no lograron mayoría suficiente para gobernar, tampoco con el apoyo de los diputados de la extrema derecha.
Sánchez, en el poder desde 2018 y segundo en esos comicios, negoció entonces con fuerzas políticas minoritarias y accedió a que el Partido Socialista promoviera una ley de amnistía para los condenados y otros implicados en el proceso independentista ilegal de Cataluña de 2017, una exigencia de los soberanistas, en particular de Junts.
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A partir de entonces, sin embargo, el Ejecutivo se vio obligado constantemente a pactar con esas pequeñas fuerzas de izquierda y de nacionalistas e independentistas vascos y catalanes las leyes y cualquier otra propuesta que requiriera la aprobación del Parlamento.
También han sido conocidas algunas discrepancias en el seno del propio Gobierno, entre las fuerzas que lo componen, sobre ciertas políticas socioeconómicas.
Sin presupuestos, pero con récord de empleo
Los Presupuestos del Estado de 2023 siguen prorrogados como muestra clara de esa falta de apoyos políticos, pues el Gobierno ni siquiera llegó a aprobar un proyecto de cuentas públicas desde entonces, como establece la Constitución, para su posterior debate y votación en las cámaras legislativas
A pesar de la precariedad parlamentaria, el Ejecutivo consiguió sacar adelante leyes de índole diversa, la revalorización sucesiva del salario mínimo y de las pensiones y medidas para contener la consecuencias socioeconómicas de las guerras de Ucrania e Irán.
También el nivel del empleo se encuentra en niveles de récord y la economía española es la que más crece entre los países grandes de la Unión Europea (UE), con un aumento del PIB del 3,7 % en 2024 y del 2,6 % en 2025.
Pero la subida continua y disparatada del precio de la vivienda desde hace años, tanto en propiedad como en alquiler, se ha convertido en el problema principal señalado por los españoles en las encuestas.
El desahucio reciente de Maricarmen, una mujer de 87 años, de la casa donde vivía reactivó la protesta social contra la carestía del alquiler con manifestaciones multitudinarias y acampadas en Madrid y otras ciudades de España, que continúan.
El Ejecutivo aprobó hace una semana los dos decretos citados para paliar la crisis de la vivienda, sobre todo si son inquilinos en peor situación socioeconómica, pero el Congreso los rechazó el viernes, ante lo que Sánchez ha decidido adelantar las elecciones.
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