Caracas, 5 oct (EFE).- El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, instaló este lunes una comisión para reformar la ley contra el odio, criticada como un instrumento de persecución contra opositores y cuya derogación piden varias ONG.
En una declaración a medios, el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, informó sobre la instalación de esta «comisión especial», integrada por 11 diputados, luego de que la mandataria encargada Delcy Rodríguez solicitara la pasada semana a su hermano y presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, una reforma parcial de esta ley.
Asimismo, detalló que se estableció una agenda de trabajo para elaborar el proyecto de reforma de esta ley, que luego se remitirá al Tribunal Supremo de Justicia para que lo valide. Una vez completado este paso, prosiguió, el proyecto se llevará al Parlamento, donde se debatirá su aprobación.
Infante anticipó que se trabajará en la despenalización de la ley y también en «algunas definiciones necesarias» para asegurar su «correcta aplicación».
«¿Qué hemos definido? Una ruta que por supuesto traerá consigo el encuentro, el debate, la revisión con distintas instancias de la sociedad venezolana (…). Seguro nos encontraremos con víctimas y afectados del odio, la violencia, y también que fueron de alguna manera afectados por la implementación inadecuada de la ley», apuntó.
Según la ONG Cecodap, un total de 118 menores de edad fueron imputados entre 2024 y 2025 en Venezuela por delitos previstos en la ley contra el odio, un período marcado por la crisis originada tras la denuncia de fraude electoral de la oposición ante la proclamada reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.
Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de «incitación al odio» desde la aprobación de esta norma, en 2017, según datos difundidos el pasado miércoles por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.
La ‘Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’ fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.
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Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Maduro para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados «delitos de odio» y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento «para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».
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