Un total de 118 menores de edad fueron imputados entre 2024 y 2025 en Venezuela por delitos previstos en la ley contra el odio, en un período marcado por la crisis poselectoral tras la proclamada reelección de Nicolás Maduro como presidente, indicó Cecodap, ONG dedicada a la protección de los niños en el país.
«No es solo una cifra. Son adolescentes que enfrentaron miedo, angustia e incertidumbre y la violencia de un sistema de justicia que no cumplió con las garantías mínimas previstas en la Lopnna (Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente)», subrayó en su cuenta de X el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani.
El pronunciamiento del activista se da luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitara la semana pasada una reforma de la ley contra el odio.
Sin embargo, varias ONG y partidos políticos han exigido más bien su derogación al considerar que viola la libertad de expresión y es un instrumento de persecución contra opositores.
«Si la ley va a reformarse, sus derechos también deben estar en la discusión», apuntó Trapani.
Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de «incitación al odio» desde la aprobación de la ley, en 2017, según datos difundidos el pasado miércoles por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.
La Lopnna fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.
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Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Maduro para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados «delitos de odio» y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento «para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».
