El 5 de diciembre fue establecido en Venezuela como el Día del Profesor Universitario. La escogencia se efectuó por la fecha de promulgación del Decreto-Ley de Universidades en 1958, por el gobierno provisional de Edgar Sanabria, lo que significa que el pasado 5 de diciembre celebramos el Día de Profesor Universitario y además conmemoramos la aprobación de la Ley de Universidades, que estableció la autonomía universitaria tal y como la conocemos hoy, independientemente de las modificaciones lamentables ocurridas en el primer gobierno de Rafael Caldera. Sus preceptos autonómicos fueron recogidos en la actual Constitución de la República, aprobada en referendo popular en diciembre de 1999.
La universidad es una de las instituciones mundiales más antiguas y que aún permanecen con total vigencia, a pesar del milenio que nos separa de su creación en el mundo occidental donde vivimos. En Venezuela también se encuentra, junto con los concejos municipales, entre las instituciones más viejas existentes, aunque pareciera que quienes hoy dirigen los destinos del país están dispuestos a extinguirla. No por la vía tradicional de cerrarla e impedir su funcionamiento, sino por una vía mucho más siniestra, maligna y despiadada, la de deformarla totalmente, hacer que se pudra y así convertirla en su antítesis. Y en esta perversa tarea lo están acompañando, consciente e inconscientemente, las autoridades universitarias de turno.
Los profesores universitarios venezolanos recibieron su día en una de las peores situaciones vividas en Venezuela en toda su historia. Sus condiciones de trabajo por el suelo, deterioro manifiesto de las actividades académicas, sueldos y condiciones de vida deplorables sueldos y una muy mermada resistencia institucional, pues desde su propio seno se conspira seriamente contra la institución universitaria y contra su comunidad docente. En el caso de la UCV, la lucha parece ser por hacer desaparecer al Instituto de Previsión de los Profesores (IPP-UCV), creado justamente por la Ley de Universidades promulgada hace más de 60 años. Una de las pocas instituciones y experiencias exitosas de autogestión universitaria, que en forma insólita quieren hacer desaparecer tirios y troyanos.
En los últimos 15 años, ha sido asediado fuertemente por la avaricia de las autoridades gubernamentales del sector, empeñadas en despojarla de sus legítimos recursos, para utilizarlos en el negocio de las aseguradoras y los seguros. Son muchas las vías utilizadas y los intentos para apropiarse de las millonarias sumas de la previsión social universitaria y colocarlas en manos muy diestras en el arte de la apropiación indebida y el enriquecimiento ilícito. Al IPP-UCV, como al resto de los organismos de previsión social de las universidades, se les ha arrebatado recursos que constituyen parte del sueldo de los profesores, con la intención de llevarlos a la quiebra y entonces poder tomarlos con mayor facilidad. Se les ha amenazado legal y judicialmente en diferentes formas, pero hasta ahora han resistido.
Pero los enemigos mayores parecen estar adentro. Hace poco, la UCV compró, con los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Profesores, generado por sus cotizaciones desde 1975, un instituto médico asistencial (CEDIVI), por el que pagó 4 millones de dólares, pese a que su avalúo había sido por sólo 1,2 millones. Un sobreprecio de casi $ 3 millones, que en los bolsillos de algunos de los negociadores deben estar. La compra se hizo sin aprobación del Consejo Universitario y contraviniendo las normas que colocan estas decisiones en una comisión mixta entre la UCV y el gremio docente. No contentos con estas acciones claramente cuestionables, como regalo a los profesores en su día, se pretendía cambiar el eficaz seguro auto administrado del IPP-UCV por la contratación de un seguro privado en dólares, que desmejora el existente. ¡Sigue el negocio!
Pareciera que algunos de quienes dentro de la UCV saben que se tienen que ir, están procurándose suficientes fondos para un retiro tranquilo y en el exterior.
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