La incorporación de diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 a las conversaciones que se desarrollan actualmente en Venezuela abre una oportunidad que merece ser observada con atención. No porque garantice por sí sola una solución a la crisis, sino porque introduce en la mesa a actores que representan una etapa fundamental de la historia política reciente del país y puede ampliar la base de un eventual acuerdo nacional.
El proceso de diálogo se reanudó este 17 de septiembre, después de un primer ciclo iniciado en agosto. Entre los asuntos planteados están la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, la recuperación de derechos políticos, el levantamiento de inhabilitaciones, modificaciones a normas que restringen la libertad de expresión y la eventual renovación del Consejo Nacional Electoral. También se ha avanzado en conversaciones sobre la recuperación de activos venezolanos en el exterior.
En ese contexto, la presencia de representantes vinculados con la Asamblea Nacional de 2015 tiene un significado que va más allá de los nombres de sus participantes. Aquella elección del 6 de diciembre de 2015 produjo una amplia victoria opositora y una mayoría calificada en el Parlamento. Sin embargo, desde su instalación en enero de 2016, la Asamblea entró en un prolongado conflicto con el Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo, que terminó prácticamente anulando su capacidad institucional.
Incorporar ahora a algunos de sus diputados puede contribuir a que el diálogo no se limite a negociar el futuro, sino que también aborde las heridas institucionales acumuladas durante la última década.
Hay, además, una ventaja práctica. Una negociación política necesita interlocutores que puedan hablar desde experiencias diferentes. Los diputados de 2015 conocen de primera mano el funcionamiento de las instituciones venezolanas, las dificultades que enfrentó la oposición parlamentaria y los obstáculos que condujeron a la ruptura institucional. Su participación puede aportar memoria política y experiencia, pero también puede ayudar a construir puentes con sectores que durante años estuvieron enfrentados.
De hecho, el proceso actual ya muestra elementos que permiten cierto optimismo prudente. Las delegaciones han avanzado en asuntos concretos y hay expectativa de profundizar acuerdos sobre el Poder Judicial y las garantías políticas. La oposición participante ha descrito el ambiente como distinto al de anteriores intentos de negociación, aunque persiste la cautela por los fracasos del pasado.
Precisamente ahí aparece una de las principales críticas: ¿por qué confiar nuevamente en el diálogo después de tantos procesos que terminaron sin resolver la crisis?
La pregunta es legítima. Venezuela tiene una larga historia de negociaciones frustradas y promesas incumplidas. El escepticismo no debe ser descalificado. Al contrario, puede ser una herramienta para exigir resultados verificables, transparencia y garantías. Pero una cosa es aprender de los fracasos y otra concluir que cualquier negociación está condenada.
También se ha cuestionado que incorporar a parlamentarios de 2015 pueda significar desconocer la Asamblea Nacional actualmente constituida. Ese riesgo puede evitarse si la participación se entiende no como una sustitución automática de una institución por otra, sino como un mecanismo extraordinario de concertación política.
En otras palabras, la discusión debería concentrarse menos en quién ocupa simbólicamente el lugar de la representación y más en cómo construir instituciones capaces de representar nuevamente a todos los venezolanos.
La clave estará en que el diálogo produzca resultados concretos. Una negociación política adquiere legitimidad cuando se traduce en derechos recuperados, instituciones independientes, garantías electorales, libertad de expresión, seguridad jurídica y condiciones para que quienes piensan distinto puedan participar en política sin temor.
En ese sentido, la incorporación de representantes de la Asamblea de 2015 puede ser entendida como una oportunidad para ampliar el diálogo y no como una batalla adicional por el reconocimiento del pasado.
Eso no significa olvidar responsabilidades ni renunciar a la justicia. Tampoco supone aceptar acuerdos a cualquier precio. Significa reconocer que la reconstrucción institucional de un país requiere, además de justicia, capacidad para convivir políticamente.
Lea también
El verdadero éxito de esta iniciativa no dependerá de cuántos dirigentes se sienten alrededor de una mesa, sino de si esa mesa consigue convertirse en un espacio donde los venezolanos puedan empezar a recuperar algo que durante demasiado tiempo parecía perdido: la confianza en que sus diferencias pueden resolverse mediante instituciones, negociación y participación democrática.
.
