David Uzcátegui
La aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional, el pasado 10 de noviembre, representa un cambio crucial en la orientación de la política energética venezolana.
Después de años de deterioro de la infraestructura, apagones recurrentes a la orden del día y una creciente incapacidad para satisfacer la demanda nacional, el país comienza a abrir un camino para incorporar capital, tecnología y capacidad de gestión del sector privado a una actividad estratégica para su futuro económico.
La reforma era necesaria. Resultaba cada vez más difícil imaginar una recuperación sostenible de Venezuela sin abordar de manera decidida la crisis de su sistema eléctrico. Ningún país puede aspirar a recuperar su aparato productivo, atraer inversiones, desarrollar su industria o mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos si no cuenta con un suministro de energía confiable, suficiente y continuo.
Durante años, millones de venezolanos han tenido que adaptar sus vidas a las interrupciones del servicio eléctrico. Comercios que pierden mercancías, industrias que reducen su producción, hospitales que dependen de plantas auxiliares, agricultores que ven comprometidas sus cosechas y familias que pasan horas sin electricidad forman parte de una realidad que no puede seguir siendo considerada normal.
Según estimaciones citadas por expertos, Venezuela genera actualmente alrededor de 12.000 megavatios, frente a una demanda que alcanzó los 16.400 megavatios en septiembre. Además, menos del 40 % de la capacidad instalada de generación estaría operativa. Estas cifras revelan la magnitud de las inversiones y los esfuerzos técnicos que se necesitan para recuperar el sistema.
En ese contexto, permitir la participación de empresas privadas y mixtas constituye una modificación relevante del modelo que ha prevalecido durante casi dos décadas. La nueva legislación contempla concesiones de hasta 25 años, abre espacios para la autogeneración y la contratación de terceros, y mantiene al Estado, a través de Corpoelec, como actor central del sistema y responsable de preservar los bienes públicos.
No se trata simplemente de incorporar nuevos participantes a un mercado. Se trata de reconocer que la magnitud de los desafíos del sector eléctrico supera la capacidad financiera y operativa que puede asumir por sí solo el Estado venezolano. La recuperación de centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, la modernización de las redes de transmisión y distribución, la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de fuentes renovables requieren recursos, conocimientos especializados y una capacidad de ejecución que deben movilizarse conjuntamente.
Es precisamente aquí donde cobra importancia una convicción fundamental: el desarrollo de Venezuela descansa en una alianza robusta entre la administración pública y el sector privado. No son fuerzas contrapuestas. Por el contrario, cuando existen reglas claras, objetivos compartidos y mecanismos transparentes de supervisión, pueden convertirse en socios indispensables para impulsar el crecimiento económico y aprovechar las enormes posibilidades del país.
El Estado tiene responsabilidades que no puede abandonar: establecer las políticas públicas, regular el servicio, garantizar la competencia, proteger a los consumidores y asegurar que los sectores más vulnerables tengan acceso a la electricidad. Las empresas, por su parte, pueden aportar capital, innovación, tecnología, experiencia administrativa y capacidad para ejecutar proyectos.
La reforma también abre oportunidades para sectores que necesitan electricidad masivamente, como el petróleo, la minería, la manufactura y la agroindustria. Una industria que no puede garantizar su suministro energético difícilmente puede alcanzar niveles competitivos de producción. De igual manera, la disponibilidad de electricidad confiable es un factor determinante para las empresas internacionales que evalúan establecer operaciones o ampliar sus inversiones en Venezuela.
También será fundamental establecer un esquema tarifario que permita financiar las operaciones y las inversiones necesarias, sin desconocer la capacidad de pago de los hogares. Los subsidios deben proteger efectivamente a quienes más los necesitan, sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.
Venezuela necesita recuperar la confianza, y esa confianza comienza por ofrecer condiciones básicas para vivir, trabajar, producir e invertir. La electricidad es una de ellas. Tenemos razones para esperar que esta reforma se traduzca en resultados concretos y demuestre que la cooperación entre el sector público y el privado puede convertirse en una herramienta decisiva para el bienestar del país.








