Por: César Pérez Vivas
Este miércoles 24 de junio del 2026, la tierra venezolana fue brutalmente impactada por un terremoto de enorme magnitud. Hacía muchos años que nuestro país no sufría un movimiento sísmico de estas dimensiones.
El fenómeno afectó de manera directa a la región norte-costera de Venezuela. El estado La Guaira, las poblaciones del litoral central, Caracas y diversas ciudades de los estados Miranda, Aragua y Carabobo recibieron el fuerte impacto de este evento natural. Los daños sobre la vida humana y la salud humana, sobre la infraestructura y los servicios fueron devastadores y, a estas horas, ya se cuentan por miles las víctimas fatales.
Este terremoto llegó en el peor momento posible: cuando Venezuela atraviesa una tragedia nacional de carácter multidimensional, consecuencia del fracaso del llamado socialismo del siglo XXI. Ahora la tragedia que padecemos, se agrava a niveles descomunales.
Ese modelo destruyó nuestra economía, provocó la diáspora de más de nueve millones de venezolanos y vació de capacidades a las instituciones públicas y privadas que en el pasado estaban llamadas a prevenir y atender emergencias como la que hoy padecemos.
El mundo ha podido observar, en tiempo real, cómo se pierden vidas humanas por la insuficiente capacidad de respuesta de la sociedad y, sobre todo, del Estado venezolano frente a una catástrofe de esta naturaleza.
Un país cuyas instituciones no hubiesen sido destruidas habría respondido con mayor rapidez, coordinación y eficiencia. Del mismo modo, si se hubiesen respetado las normas sobre planificación urbana, ordenación del territorio y construcción antisísmica, las consecuencias humanas y materiales habrían sido considerablemente menores.
Numerosos países han enfrentado terremotos de igual o mayor intensidad con pérdidas mucho menos severas. Venezuela también aprendió importantes lecciones después del terremoto de 1967. A partir de entonces se desarrolló una rigurosa normativa de ingeniería antisísmica que permitió elevar los estándares de construcción en el país.
Las edificaciones levantadas conforme a esas normas resistieron el movimiento telúrico. En cambio, muchas de las construcciones ejecutadas al margen de la ley colapsaron. La corrupción, el tráfico de influencias y la ausencia de supervisión técnica generaron una infraestructura habitacional y de servicios extremadamente vulnerable.
Especialmente dramático resulta el caso de numerosos desarrollos habitacionales construidos por la denominada Gran Misión Vivienda Venezuela en La Guaira, Catia La Mar, Caraballeda y otras localidades, donde el colapso de numerosas edificaciones pone en evidencia la irresponsabilidad con la que fueron ejecutados muchos proyectos, privilegiando el populismo y la corrupción sobre la calidad técnica y la seguridad de las personas.
Hoy la comunidad internacional acude en ayuda de Venezuela ante la incapacidad del Estado para responder por sí solo a la emergencia. Afortunadamente, no estamos presenciando la actitud asumida durante la tragedia de Vargas de 1999, cuando el entonces presidente Hugo Chávez rechazó inicialmente parte de la ayuda internacional, prolongando el sufrimiento de miles de venezolanos.
En las actuales circunstancias, las autoridades no tienen otra alternativa que coordinar esfuerzos con los países que han acudido en solidaridad con nuestro pueblo, particularmente con los Estados Unidos de América y con todas las naciones dispuestas a contribuir en las labores de rescate, atención humanitaria, recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.
Los venezolanos tenemos la obligación de aprender de esta tragedia y transmitir esas enseñanzas a las futuras generaciones. Debemos comprender las características geológicas de nuestro territorio, asumir los riesgos propios de las zonas sísmicas y fortalecer una cultura permanente de prevención.
Es indispensable que el Estado, la sociedad, la academia, los gremios profesionales, la empresa privada y las organizaciones comunitarias trabajen conjuntamente para desarrollar capacidades de respuesta frente a futuras emergencias.
Durante más de veintisiete años, Venezuela vivió un proceso sistemático de destrucción institucional. Se persiguió y desplazó a profesionales altamente calificados en distintas áreas del conocimiento. Los sectores de la ingeniería, la construcción, la protección civil, la planificación urbana y muchas otras disciplinas indispensables para enfrentar desastres naturales fueron igualmente afectados por esa política de exclusión.
La reconstrucción de Venezuela deberá sustentarse en principios completamente distintos: respeto al conocimiento científico, fortalecimiento institucional, cumplimiento estricto de las normas técnicas, promoción de la iniciativa privada y participación activa de la sociedad civil.
Debemos abandonar definitivamente la concepción de un Estado omnipresente y totalitario que pretende sustituir a la empresa, a la universidad, a las organizaciones sociales y a los ciudadanos. Ninguna nación puede enfrentar con éxito desafíos de esta magnitud excluyendo el talento y la capacidad creadora de su propio pueblo.
Esta catástrofe debe quedar grabada en la memoria colectiva de los venezolanos. Solo si aprendemos las lecciones que nos deja este doloroso episodio podremos construir un país más seguro, más preparado y más digno para las generaciones presentes y futuras.
Caracas, lunes 29 de junio del 2026
