En mi anterior artículo, al tratar de definir la estrategia madurista mantuve que el objetivo fundamental del régimen usurpador, en el proceso de negociación impulsado por el reino de Noruega, era lograr un acuerdo con la oposición democrática que permitiera convocar a sesiones de la Asamblea Nacional, con presencia de la bancada oficialista, para discutir aspectos de la compleja situación nacional, entre ellos la escogencia del nuevo Consejo Nacional Electoral y la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, asumiendo, que al hacerlo, se generarían divergencias entre los integrantes de la bancada opositora que podían conducir a una  ruptura del frente democrático. Pensé que el oficialismo había percibido que esa posible división incrementaría las posibilidades de triunfo del madurismo en las elecciones parlamentarias y fortalecería las opciones de un candidato presidencial diferente a Nicolás Maduro. Llegué a creer que habían valorado  las posibilidades de contar con un candidato presidencial joven y carismático, como Héctor Rodríguez, que, según ellos, tuviera alguna posibilidad de derrotar al frente democrático.

Mi análisis se sustentaba en elementos objetivos que se repiten en  todos los estudios de opinión: “Cerca de un 80 % de los venezolanos, según las últimas encuestas, aspira a un cambio político convencidos de que la crisis social y económica no tendrá solución mientras permanezca en el poder el régimen madurista. Esos mismos estudios de opinión evidencian que un candidato oficialista que no fuera Maduro podría obtener entre el 20 y el 30 % de votos”. Las más recientes declaraciones de Nicolás Maduro dejaron sin efecto las bases de mi razonamiento y el contenido de los últimos estudios de opinión sobre la situación venezolana: “Vamos a medirnos electoralmente. Vamos a hacer elecciones. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años. Vamos a elecciones anticipadas de  Asamblea Nacional para ver quien tiene al pueblo, para ver quién tiene los votos, para ver quién gana”. Ese razonamiento no es sólo ilusorio sino inoportuno, ya que compromete seriamente el éxito de las actuales negociaciones de Barbados y definitivamente demuestra que su único interés es permanecer en el poder. Naturalmente, tan desafiante conducta tenía que producir las debidas respuestas.

La primera de ellas fue la reciente declaración de Elliott Abrams, enviado especial del gobierno de los Estados Unidos para Venezuela. En ella, con particular firmeza, afirmó: “el  uso de la fuerza militar continúa siendo una opción para generar un cambio en el gobierno venezolano. No es nuestra primera opción. Preferimos la presión diplomática, económica y política, pero es imposible negar que Rusia y Cuba han ayudado al oficialismo a sortear el efecto de las sanciones”. Lo que más sorprende de estas declaraciones son sus antecedentes personales. Siempre había mantenido una posición moderada si la comparamos con la sostenida por  John Bolton,  asesor de seguridad del presidente Trump. También señaló que los Estados Unidos difícilmente suspenderían las sanciones económicas antes de encontrar una verdadera solución a la crisis política. De igual manera ratificó el respaldo de su gobierno a Juan Guaidó y valoró como muy importante el apoyo que había recibido de más de 55 gobiernos democráticos.

La segunda respuesta a tan imprudente y retadora declaración, fue la aprobación,  en segunda discusión, por la Asamblea Nacional de la Ley de Reincorporación de Venezuela  al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), luego que Juan Guaidó, presidente del parlamento y encargado de la presidencia de la República, solicitara su aprobación durante una sesión especial que se desarrolló en la Plaza Alfredo Sadel, en Caracas. Dicha aprobación no contó con los seis votos de la fracción  del Movimiento Cambiemos. Su secretario general, Timoteo Zambrano,  esgrimió dos argumentos para mantener dicha posición: no haber cumplido con las exigencias del Reglamento Interior y de Debates y considerar que dicha aprobación comprometía las conversaciones en Barbados. No voy a opinar, con detalle, sobre el primer argumento ya que no conozco suficientemente bien las reglas de funcionamiento interno de la Asamblea Nacional, aunque, es evidente que dicha aprobación obtuvo el voto mayoritario de las diferentes fracciones de los partidos de oposición que constituyen el Frente Democrático.

Timoteo Zambrano argumentó, con relación a las negociaciones en Barbados, lo siguiente: “¿Cómo vas a presentar algo que es en esencia militar? ¿Qué mensaje estás enviando al gobierno de Noruega? Además, dicho tratado está concebido como un instrumento regional para la defensa del país de una agresión extracontinental, y  en ningún caso se contempla para dar respuesta a una agresión interna”. Ese razonamiento no lo comparto. El mismo Tratado de Asistencia Recíproca  sostiene que su objetivo fundamental es: “asegurar la paz por todos los medios posibles”, ratificando de inmediato que “sus miembros se comprometen a someter toda controversia que surja entre ellos a los métodos de solución pacífica de las controversias”.  En definitiva, lo que busca el TIAR es la defensa colectiva del continente americano. Pertenecer o no a dicho tratado no es el problema que enfrenta Venezuela. Lo que compromete nuestra soberanía y pone en riesgo la paz regional es la presencia injustificada de miles de agentes cubanos y de cientos de militares rusos en nuestro país al servicio de un régimen que usurpa el poder e  irrespeta flagrantemente la Constitución Nacional. En definitiva, pareciera que la estrategia madurista se encamina a un nuevo y rotundo fracaso.