Por: Leonardo Montilla
En agosto del 2026, hoy en tiempos de dialogo y transición, además de ver cómo se resuelve la grave crisis económica que padecemos, Venezuela amerita la urgente necesidad de avanzar en cambios estructurales de sus componentes como estado, con instituciones fuertes y estado de derecho vigente. No estamos hablando de simples cambios de nombres en las distintas instancias de gobierno y poderes de la nación, sino de un rediseño arquitectónico del Estado venezolano para desmantelar un modelo y una cultura hegemónica, caudillista, mesiánica y devolverle su carácter de República Federal, Civil y Democrática.
Desagregando algunas ideas en este agosto de dialogo, es importante puntualizar equilibrios básicos para abrir el compás a un modelo democrático de paz y convivencia plural.
1. El Rescate Cívico del Sufragio (CNE)
Desmilitarización del voto: Históricamente, el peso del estamento militar en la logística y control de las elecciones (a través del Plan República y otras vías) ha desvirtuado la naturaleza civil de las elecciones. El sufragio debe dejar de verse como una «operación de defensa» para volver a ser lo que es: la expresión pacífica, soberana y decisoria de los ciudadanos.
Instrumentar un poder electoral independiente, que actué como poder autónomo es determinante en las actuales circunstancias.
Pluralidad y confianza: Nombrar un CNE que no responda a cuotas partidistas, ni de grupos de presión, sino que esté integrado por ciudadanos de comprobado compromiso, es el único mecanismo para que el venezolano recupere la confianza en el voto como herramienta de cambio. La injerencia militar en los asuntos ciudadanos es contraria a la constitución.
2. Reinstitucionalización de la Justicia (El TSJ)
El fin de la justicia politizada y represiva: Un Estado de derecho es inviable si el máximo tribunal actúa como el brazo jurídico del Ejecutivo. Redimensionar el TSJ implica limpiar su estructura, asegurar que los magistrados cumplan con los requisitos constitucionales (meritocracia) y garantizar que sus sentencias se apeguen estrictamente a la Constitución, protegiendo al ciudadano de los abusos del poder. Los acuerdos anunciados la semana pasada en esta materia por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera son altamente esperanzadores. La libertad de todos los presos políticos y la adecuación de los mecanismos procesales es una urgencia para ir derrotando los extremismos políticos de lado y lado.
3. Reformas Constitucionales de Fondo
Esta es, quizás, una de las partes más profunda que los venezolanos aspiramos en la transición que vivimos, pues apunta a corregir las fallas sistémicas que permitieron la concentración del poder, el abuso, la corrupción y el ejercicio paraconstitucional del poder en el país.
Eliminación de la reelección indefinida: Aprobada mediante enmienda en 2009, cuya figura ha sido el motor del caudillismo moderno en Venezuela. Eliminarla para todos los cargos de elección popular garantiza la alternabilidad democrática, fomenta el surgimiento de nuevos liderazgos y evita que los funcionarios utilicen los recursos del Estado para perpetuarse en el poder. La visión mesiánica de la vida constitucional siempre deriva en autócratas y estos en déspotas que se conciben así mismos como dueños de todo.
Retorno a la Bicameralidad: El Parlamento unicameral facilitó la aprobación rápida y sin contrapesos de leyes. Regresar a un sistema con una Cámara de Diputados (que represente a la población) y un Senado (que represente a los estados en igualdad de condiciones) es vital para el federalismo. El Senado actúa como un filtro reflexivo y garantiza que las regiones tengan voz y voto frente al poder central de Caracas.
Separación de poderes: Es el antídoto contra el totalitarismo. Solo cuando el Legislativo legisla y controla, el Judicial juzga con independencia y el Ejecutivo administra, se puede hablar de una verdadera República.
4. El Municipio como Eje de la Vida Comunitaria
Al fortalecer las alcaldías y concejos municipales, se empodera al ciudadano. El modelo totalitario tiende a asfixiar a los municipios, creando estructuras paralelas financiadas desde el poder central. Una rigurosa visión comunitaria implica dotar a los municipios de presupuesto propio, competencias reales y autonomía para resolver los problemas cotidianos (agua, vialidad, desechos, seguridad ciudadana). El poder popular es la fuerza de la organización ciudadana, no puede depender del centralismo, no puede ser un apéndice del gobierno de turno, deben ser organizaciones ciudadanas democráticas en conjunción con el poder local y sus decisiones.
Leonardo Montilla
