Caracas, 17 nov (EFE).- La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados «presos políticos» en Venezuela, indicó este domingo que ha registrado y verificado la excarcelación de 131 personas vinculadas a las protestas en contra del resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
«Hemos registrado y verificado 131 excarcelaciones realizadas por revisión de medidas solicitadas por el Ministerio Público (MP, Fiscalía)», indicó la ONG en una publicación en la red social X.
Explicó que los excarcelados deberán acudir este lunes ante los tribunales para que les «impongan medidas sustitutivas de su privación de libertad».
«Entendemos que en su mayoría no hay libertad plena y los procesos judiciales continúan», añadió el Foro Penal.
Asimismo, dijo que con este proceso de excarcelaciones, que se han dado en cárceles de los estados Aragua, Miranda, Carabobo, La Guaira y Guárico, se mantienen «más de 1.700 presos políticos» en el país.
El sábado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que entre la tarde del viernes y el sábado fueron «otorgadas y ejecutadas» 225 medidas de libertad a personas detenidas tras las protestas contra el resultado oficial que proclamó a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Fiscalía publicó esta información a través de Instagram horas después de que diversas ONG anunciaran más de un centenar de liberaciones que se registraron desde la madrugada y a lo largo del sábado en diversos penales de Venezuela.
Según la institución, que no detalló en qué cárceles del país se encontraban las personas que recibieron las medidas, la solicitud de revisión de los casos se hizo con base en «exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios recabados por los fiscales».
De acuerdo a ONG y partidos opositores, 1.850 personas fueron aprehendidas tras las presidenciales en protestas contra la reelección de Maduro o en operativos policiales, entre ellas, 69 menores de edad, así como decenas de mujeres y militares, casi todos señalados de delitos como terrorismo y conspiración.
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La cifra es inferior a la que maneja el Gobierno -estimado en 2.400 personas-, ya que las ONG excluyen a personas que, consideran, han cometido algún delito y contemplan únicamente las que califican como «presos políticos».
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