Barcelona, 21 abr (EFE).- El futuro de la Superliga europea de fútbol se tambaleó este martes tras la retirada de los seis clubes ingleses que iban a formar parte de la competición, en un movimiento que añade más elementos de incertidumbre a un proyecto que, según los juristas consultados por EFE, ya de por sí cuenta con un encaje legal complejo.
De hecho, desde el primer momento, tanto la UEFA, como las federaciones y las ligas estatales abrieron la puerta a emprender acciones judiciales para frenar la implantación de la Superliga, que tiene a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid entre sus clubes fundadores.
Según la experta en derecho deportivo Irene Aguiar, «existen fundamentos jurídicos como para pensar que los tribunales europeos podrían dar marcha atrás a la Superliga», puesto que «anteriormente ya han reconocido que el deporte cumple una función social y educativa que la propia Unión Europea (UE) se compromete a fomentar».
«Lo que ha venido a decir la justicia comunitaria es que el deporte tiene unas características especiales, una ‘especificidad’, que debe tenerse en cuenta a la hora de aplicar la ley. Si no estuviésemos hablando de deporte, la historia sería distinta, pero los clubes no son empresas al uso», asegura Aguiar.
En este sentido, expone que «los principios de apertura, equidad y mérito deportivo que la UE defiende para sus competiciones» chocan con el carácter cerrado de la Superliga, donde jugarían con plaza fija 15 de los clubes más ricos de Europa junto a otros cinco que lo harían como invitados, en función de sus resultados en las ligas nacionales.
«Este formato también puede vulnerar el derecho de libre competencia. Mientras que unos se adueñan del privilegio de tener un puesto garantizado, otros tienen barreras para acceder, porque deben lograrlo basándose en méritos deportivos», asegura Aguiar.
Según ella, estas barreras «pueden vulnerar el Tratado de Funcionamiento de la UE (uno de los textos constitucionales de la Unión), que prohíbe los acuerdos empresariales que restrinjan la libre competencia».
Por su parte, el abogado Xavier-Albert Canal también admite que la convivencia entre equipos con plaza fija e invitados genera «agravios» internos en la Superliga, aunque afirma que el proyecto «tiene viabilidad legal» porque «cualquier grupo de personas puede constituir una entidad de derecho privado sin que nadie se lo impida».
«Basándose en el derecho de libre competencia, los clubes pueden decidir dónde quieren jugar. Puesto que un eventual litigio entre la UEFA y la Superliga va a tener que dirimirse en el derecho privado, de ninguna manera la justicia europea podrá revocar la creación de la Superliga», asevera.
Canal añade que «el ejemplo más parecido a la Superliga es la Euroliga», la máxima competición del baloncesto continental, en la que algunos clubes también gozan de plaza fija. «Parecía que sería el apocalipsis del baloncesto, pero hoy en día es un modelo de éxito consolidado que convive con las ligas estatales», apuntó el abogado.
Con todo, este experto en derecho deportivo opina que «la UEFA es un monopolio, porque ella crea los requisitos para poder participar en sus competiciones» y afirma que, en caso de que prosperase la Superliga, «en Europa se crearía un oligopolio» en el que la UEFA y la Superliga se repartirían cuotas de poder.
En cambio, para la asesora jurídica Irene Aguiar, la UEFA más bien ostenta una «posición dominante en el mercado», porque, a su juicio, «unos terceros también pueden organizar competiciones de fútbol en Europa, siempre y cuando tengan el aval de la UEFA».
El problema es que la Superliga no cuenta con ese aval. Por esta razón, la UEFA amenazó a los clubes fundadores con expulsarlos del resto de competiciones europeas y estatales, una posibilidad que la experta ve «completamente factible».
De rebote, esta circunstancia anularía las licencias federativas de los futbolistas que jueguen en los equipos sancionados y, en consecuencia, tampoco podrían ser convocados con sus selecciones.
Aguiar considera que el sistema de la Superliga, basado en un modelo de autogestión por parte de los propios clubes fundadores, «se centra en el rendimiento económico sin tener presente la función social y de promoción pública del deporte, que en España está delegada por ley en las federaciones».
A través de la gestión federada, una parte de los beneficios generados por los clubes más grandes acaban revirtiendo en las categorías inferiores y en el fútbol base. El futuro dirá si este modelo puede coexistir junto a proyectos revolucionarios como la Superliga.
Bruno Fortea Miras
