Por Daniel García.
El reciente exabrupto de la representante del Chavismo, Tania Díaz durante el XXXIII Seminario Internacional, los partidos y una nueva sociedad, celebrado el pasado 9 de octubre en Ciudad de México, trasciende con creces los límites de un intercambio político regional.
Dicha expresión condensa el núcleo simbólico y la matriz ideológica a la que apela históricamente el chavismo en momentos de zozobra.
En la doctrina bolivariana promovida por el Partido Socialista Unido de Venezuela, la invocación del antagonismo entre Bolívar y Santander opera como una frontera ética innegociable.
Sin embargo, el verdadero alcance de este reclamo radica en su intencionalidad política en la coyuntura posterior al 3 de enero de 2026.
La vehemencia discursiva expuesta tras la operación de extracción de Nicolás Maduro responde a un cálculo estratégico de supervivencia institucional. Ante la urgencia de reconfigurar la cohesión interna y evitar la dispersión de sus bases, la cúpula del PSUV utiliza la purificación ideológica y el señalamiento del enemigo traidor para ratificar un mensaje contundente: el proceso revolucionario rechaza la capitulación.
El objetivo central de esta postura es analizar cómo esta retórica responde a una vulnerabilidad estructural: la pérdida progresiva de cohesión en el estamento militar. Mientras la alta cúpula busca proyectar una postura monolítica, en la oficialidad joven e intermedia se consolida una silenciosa parálisis táctica motivada por el temor y la contrainteligencia.
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La narrativa histórica del bolivarianismo, al contraponer a Bolívar frente a Santander, simboliza dos proyectos irreconciliables.
Apelar a Santander es un recurso estratégico para purificar la doctrina; sirve para contrastar la izquierda pragmática con la izquierda antiimperialista que el PSUV pretende encarnar. El uso de esta narrativa por parte de la cúpula busca subordinar la conducta de la Fuerza Armada a la estrategia del partido, garantizando que los militares mantengan el control del territorio y del aparato estatal como un bloque monolítico.
El impacto del discurso en la oficialidad joven e intermedia se traduce en un mecanismo de sospecha y control. La tesis de que actores externos conocieron o facilitaron los acontecimientos genera un ambiente de hipervigilancia, donde cuestionar la narrativa oficial eleva el costo de manifestar dudas tácticas, marcando una brecha entre la retórica ideológica y la realidad operativa y económica vivida en las unidades tácticas.
Esta fractura entre altos mandos y oficiales medios impacta la capacidad de contención social. Un mayor o un capitán en la calle comprende que la cúpula exige represión, pero, al enfrentar las consecuencias penales internacionales y el repudio social, recurre a la resistencia pasiva, ejecutando órdenes con el mínimo esfuerzo o a la negociación preventiva.
Para Estados Unidos y los aliados regionales, la fragilidad en los cuarteles reconfigura el cálculo estratégico, cambiando la coerción directa por una fractura controlada.
Se busca incentivar la insubordinación ofreciendo garantías explícitas a los mandos medios para asegurar la estabilidad institucional sin defender a la cúpula saliente.
Esta dinámica condiciona las garantías de justicia transicional, descartando la impunidad total y ofreciendo un esquema restringido de debido proceso.
El único camino viable exige una salida regulada que separe definitivamente la supervivencia e institucionalidad de la Fuerza Armada de los intereses de la cúpula del injerencista partido oficialista, hoy degradado y desprestigiado por los índices elevados de corrupción, responsable inequívocamente del saqueó y la ruina del país.
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