Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
La aspiración nacional de recuperar la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica está en tiempo de descuento. Si al chavismo la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, no se descarta que el TSJ decida anular la tarjeta de MUD. Esto tendría un efecto dominó sobre las adhesiones de UNT y MPV que se quedarían sin candidato.
La candidatura de EGU encabeza las encuestas, pero si el oficialismo concluye que marcha hacia una inevitable derrota, sin haber negociado antes garantías de no persecución, puede apelar a esa jugada riesgosa y extrema, que ya ha sido anunciada y no debería sorprender a nadie. Si no se le ofrecen garantías al gobierno, se le estará empujando hacia una línea roja que puede atravesar, aún al precio de desencadenar una gran condena internacional que incluya a sus aliados Gustavo Petro y Luíz Ignacio Lula Da Silva. Total, el gobierno de Maduro ya está curtido en la resistencia contra el aislamiento internacional, sobrevivió al cerco del Grupo de Lima, el desconocimiento de más de 60 países y las severas sanciones económicas que lo empujaron a los brazos de los rivales geopolíticos de EEUU.
La reacción del oficialismo al levantamiento de sanciones personales de la UE revela que no va a tomar la iniciativa para pactar garantías de no persecución porque esto puede interpretarse como una actitud derrotista, como que ha llegado la hora de poner a salvo sus cabezas. Y asumir esta posición de perdedor a priori sería muy desmoralizante y desmovilizador para sus seguidores, justo antes de los comicios del 28J.
Los perdona vidas de la oposición inercial plantean que no hay que apurarse, que todo tiene su tiempo, y que EGU puede hacer esta oferta de no persecución después de su inevitable triunfo frente a NM, como un gesto de grandeza y buena voluntad. El gran riesgo de esa actitud contemplativa y triunfalista es que puede terminar enterándose por la prensa de que el TSJ anuló la tarjeta de la MUD. Y por esa actitud inercial y carente de liderazgo será corresponsable de no haber actuado oportunamente para evitar perder la mejor oportunidad de recuperar la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica.
No es cierto que el triunfo de EGU esté asegurado, las elecciones no se ganan con encuestas sino con una tarjeta unitaria, con un candidato único, y con la organización y movilización del país descontento. Y nada de esto está blindado, todo está en peligro. La inacción y falta de capacidad de respuesta de la dirigencia de la PU no puede poner en peligro la tarjeta de la MUD ni la candidatura EGU, que es la única que realmente le puede ganar al candidato oficialista. Mantener a EGU en la carrera presidencial con la tarjeta de la MUD debe ser el centro de la acción política de la PU, sin descuidar la consolidación de la maquinaria electoral que defenderá los votos en todas y cada una de las mesas electorales.
¿Qué están esperando?
Lamentablemente, quienes critican al régimen por su deriva autoritaria están esperando de él un comportamiento democrático. El liderazgo político no sale de su inercia y no termina de proponerle nada concreto al gobierno para evitar que el TSJ termine dándole la estocada final a la tarjeta de la MUD.
El candidato con verdadera opción de ganar las Presidenciales del 28J está llamado a hacerle una oferta viable y creíble a NM porque sin garantías de no persecución política, el candidato oficialista no se va a medir con quien sabe que va a perder. Solo si se levantan las recompensas, se deja de atizar la persecución judicial en la CPI y se constitucionalizan las garantías de no persecución política, el oficialismo aceptará la derrota y entregará el poder.
Y esto lo hará con una previa reforma constitucional que designe al expresidente como diputado vitalicio con inmunidad parlamentaria por delitos políticos. Para avanzar en la solución del conflicto venezolano y recuperar la alternabilidad en el poder, es preferible que NM se mude al Palacio Legislativo como diputado vitalicio a que siga como presidente vitalicio en el Palacio de Miraflores.
Un Pacto de Convivencia Pacífica con garantías de no persecución política es lo que puede dejar correr a todos los candidatos hasta el 28J para que, independientemente de quien resulte ganador, el país pueda recuperar la alternabilidad en el poder. La solución de menor costo para el país siempre será un acuerdo que facilite la convivencia pacífica, sin retaliaciones ni persecuciones entre los actores en pugna. La clave para que firmen un Pacto de Convivencia Pacífica es que no se suponga ni asuma a priori la victoria o derrota de ninguno de ellos, porque eso daría origen a denuncias de fraude y al no reconocimiento de los resultados. En definitiva, se trata de garantizar los derechos y deberes de los actores en pugna, cualquiera sea el que pierda o gane la elección presidencial.
Un Pacto de Convivencia Pacífica con garantías de no persecución debe ser la base de un protocolo de condiciones que incluya el compromiso de no anular ninguna tarjeta ni sacar de la contienda a ningún candidato que despunte en las encuestas, reconocer los resultados del 28J independientemente de quien resulte ganador, y acordar un programa básico de reformas económicas e institucionales a llevarse a cabo entre el 29J y el 10E que contribuya a la viabilidad económica de la gobernabilidad poselectoral.
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