Por: Bernardo Rausseo
Analista Petrolero | Expresidente de FENEGAS
En la compleja trama de nuestra industria, el mercado interno de combustibles se ha convertido en una paradoja dolorosa: un enigma indescifrable para el automovilista y una pesadilla financiera para el gasolinero.
Actualmente, esta actividad es competencia exclusiva de PDVSA Mercado Nacional, regida por unas condiciones especiales debido a una contingencia derivada de las llamadas medidas cohercitivas unilaterales que limitaron de alguna forma la producción nacional de los combustibles. Si bien este marco legal preservó la propiedad y explotación de las estaciones de servicio en manos de privados nacionales —los actuales concesionarios—, la realidad operativa dista mucho de la eficiencia que el país necesita.
Es imperativo mirar por el retrovisor y contrastar nuestra situación actual con el marco jurídico que estuvo vigente en los inicios de este siglo XXI. Aquel fue un periodo de dinamismo y apertura exitosa, donde empresas mayoristas, tanto nacionales como transnacionales, comercializaban el combustible y los lubricantes adquiridos a PDVSA bajo sus propios estandartes y colores. Ese modelo de abanderamiento no solo diversificó el mercado, sino que abrió un abanico de oportunidades de negocio para los gasolineros, elevando el estándar de servicio.
Hoy, la realidad es diametralmente opuesta. Las estaciones de servicio, que históricamente han sido las «vitrinas» de nuestra industria petrolera nacional, atraviesan una profunda crisis económica y operativa. Este deterioro impacta directamente en un servicio público estratégico, afectando la calidad de vida de miles de automovilistas en cada rincón de la geografía nacional.
La solución requiere pragmatismo y voluntad política. Considero vital que este sector sea incluido en una próxima y necesaria reestructuración de la Ley de Reordenamiento del Mercado Interno. El objetivo debe ser permitir nuevamente el ingreso de empresas petroleras nacionales y transnacionales que, en conjunto con PDVSA, fomenten una sana competencia.
Esta apertura es la llave para la modernización y adecuación tecnológica de nuestras estaciones. Sin embargo, el punto crítico radica en la definición del precio. Sea cual fuere el precio justo que PDVSA decida fijar para los combustibles —bien sea manteniendo el actual o aplicando ajustes leves—, lo ideal y necesario es que dicha estructura permita márgenes de ganancia óptimos que hagan viable el negocio para los gasolineros, pero calibrados con la realidad social necesaria para no afectar el bolsillo del venezolano.
La meta es construir un modelo de negocio «ganar-ganar»: que gane el Estado, que gane el inversionista y, sobre todo, que gane el ciudadano con un abastecimiento puntual. Un mercado interno actualizado y eficiente no es un lujo, es el motor indispensable para mover al país frente a los nuevos desafíos del crecimiento económico que el pueblo venezolano demanda.
