Después de que la comerciante tachirense, Andrea Ramírez, denunciara el 9 de octubre de 2023 ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh) la demolición de su restaurante en el Terminal de Pasajeros de la ciudad de San Cristóbal y el robo de todo lo que había adentro, este organismo internacional le dio respuesta en diciembre de 2023 en donde se notifica que se le solicitó al Estado venezolano responder sobre este caso en un plazo máximo de cuatro meses.
En rueda de prensa y acompañada de su abogado, Ramírez dio a conocer la misiva que fue firmada por la CIDH con fecha del 14 de diciembre de 2023, en la que indica textualmente: “Solicito respetuosamente al Gobierno de su excelencia, tenga a bien presentar una respuesta ante la petición dentro del plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses, conforme al artículo 30 (3) del Reglamento de la CIDH. Se advierte la imposibilidad de otorgar solicitudes de prórroga que excedan el plazo arriba indicado”.
Añade la comunicación que, transcurrido el plazo, la secretaría del organismo verificará los criterios de la resolución 1/16 sobre medidas para reducir el atraso procesal.
Andrea Ramírez destacó que ha pasado más de un año desde que formalizó la denuncia ante el Ministerio Público en contra de altos funcionarios de la Alcaldía San Cristóbal, y no ha obtenido una respuesta favorable.
“Me dejaron prácticamente en la calle… ¿Qué pido? Pido primeramente justicia porque estos altos funcionarios se hurtaron los bienes, se llevaron el sustento de mi familia, me dejaron totalmente en la calle. ¿Qué es lo que solicito? Justicia, también solicito ante las nuevas autoridades de la Fiscalía Superior que revise el caso, que de verdad tome en cuenta, en consideración todas las pruebas, porque si se han suministrado todas las pruebas relevantes donde pueden verificar la veracidad del caso que estamos llevando y que realizaron en contra mía”, manifestó Andrea Ramírez.
Acusación penal
El abogado que lleva el caso, Omar Sayago, informó que emprendieron otras acciones legales por lo que este miércoles 21 de febrero se llevará a cabo en el Palacio Judicial del estado Táchira, la audiencia por acusación penal en contra de funcionarios de la Alcaldía del municipio San Cristóbal, por los delitos de agavillamiento, violación domiciliaria, hurto, daños a la propiedad y abuso de funciones, durante la demolición de un local comercial ubicado dentro del Terminal de Pasajeros de la capital tachirense hace más de un año.
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Informó que esta acusación penal es en contra de quien fuera el síndico procurador en ese periodo, Mario Izarra; el director del Terminal de Pasajeros, Neomar Ferreira y el asesor jurídico del Terminal, Gerson Ramírez, apoyados en lo tipificado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal, las leyes adjetivas y objetivas de la República y el artículo 25 numeral 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque fueron vulnerados derechos personales, civiles y humanos, porque el trabajo es un derecho humano.
Precisó Sayago que la juez quinta de control es la encargada de ese caso, y recordó que anteriormente lo llevaba la Fiscalía, pero sin hacer investigaciones le dictó sobreseimiento en dos oportunidades.
